“La luz del sol es el mejor desinfectante” – Louis D. Brandeis.
En las últimas semanas, determinados sectores han sostenido -con evidente intencionalidad mediática- que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Iinabie) diseña licitaciones de utilería escolar que, supuestamente, excluyen a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Según estas voces, los requisitos de ventas y de capacidad productiva contenidos en los pliegos serían “barreras insalvables” para la mayor parte del tejido empresarial nacional, sobre todo en rubros como la confección de polos, pantalones, mochilas o calzado escolar. Tal narrativa, sin embargo, ignora datos verificables y tergiversa el sentido técnico de las exigencias establecidas.
Conviene precisar, ante todo, que el Iinabie formula condiciones mínimas justamente para blindar la calidad de los productos que llegarán a manos de más de un millón ochocientos mil estudiantes del sistema público. La razón de ser del programa de utilería escolar es cerrar brechas socioeconómicas, no profundizarlas. Por ello la institución calibra los requisitos de forma proporcional al porcentaje de la oferta que cada proveedor aspira a cubrir. Así, una empresa que solo pretenda abastecer un cinco por ciento del total no debe exhibir la misma musculatura financiera ni la misma capacidad industrial que aquella que busque suministrar la cuarta parte de la demanda nacional. Este mecanismo evita la sobreexigencia injustificada y, al mismo tiempo, garantiza que cada adjudicatario pueda cumplir con los plazos y estándares comprometidos.
La licitación correspondiente al período lectivo 2024-2025 corrobora la efectividad de este enfoque. Entre los oferentes que superaron la evaluación técnica, fueron adjudicadas empresas de todos los tamaños, incluidas numerosas Mipymes certificadas por el Micmp y registradas en la DGCP. La presencia dominante de firmas de menor escala en esa adjudicación demuestra que la calidad, la inclusión productiva y la salud financiera del Estado pueden convivir armónicamente cuando las reglas se aplican con rigor y transparencia.
No obstante ese éxito, han surgido denuncias que señalan la permanencia de un supuesto funcionario de alto nivel que se dedica a exigir pagos ilegales para agilizar desembolsos atrasados o para otorgar beneficios particulares. Hasta la fecha, ningún denunciante ha presentado evidencia documental, digital o testimonial que sostenga tal imputación. En este sentido, es bueno saber que la máxima autoridad del Iinabie decidió, desde su llegada a finales de noviembre de 2021, instalar un esquema de tolerancia cero frente a cualquier insinuación de corrupción.
El protocolo es contundente: todo reporte de conducta impropia se canaliza de inmediato por la línea ética o el buzón digital del instituto; el colaborador presuntamente implicado es suspendido de forma preventiva mientras se sustancia la investigación y, de confirmarse la infracción, se procede a la desvinculación definitiva, la inhabilitación para ocupar funciones públicas conforme a la Ley 41-08 de Función Pública y la remisión del expediente al Ministerio Público por presunto cohecho, de acuerdo con los artículos 176 y 177 del Código Penal.
Este marco sancionatorio confirma que, en el Iinabie, la transparencia no es un lema, sino un deber operativo. Para reforzarla, la dirección ejecutiva impulsa en paralelo la certificación conforme a la norma ISO 9001:2015 y prepara el terreno para adoptar los estándares ISO 37001:2016, sobre gestión antisoborno, e ISO 37301:2021, relativa a los sistemas de gestión de cumplimiento. Asimismo, publica todas sus licitaciones en el Portal Transaccional de la DGCP, de modo que cualquier ciudadano pueda consultar en tiempo real las bases, actas y evaluaciones de cada concurso.
En este contexto, el principal desafío no radica ya en la ausencia de normas ni de espacios de participación, sino en la disposición de ciertos actores a sujetarse a procesos transparentes y a sustentar sus señalamientos con pruebas concretas. Con frecuencia, las imputaciones se presentan en foros públicos con gran resonancia mediática, pero sin los documentos que resultarían ineludibles ante las instancias competentes. Por ello, la dirección del INABIE reitera su invitación abierta y permanente a que cualquier persona u organización que posea evidencias de irregularidades las aporte directamente en las oficinas del instituto, para iniciar el procedimiento legal correspondiente y, de ser el caso, sancionar al responsable sin importar su nivel jerárquico.
