En una jugada inteligente, oportuna y trascendental, el ministro de Educación, Luis Miguel Decamps, acaba de presentar al país la “Hoja de Ruta 2025-2028”, cuyo objetivo fundamental es transformar el sistema preuniversitario a partir de la implementación de cinco ejes estratégicos: aprendizaje real desde el aula, empleabilidad juvenil, inclusión sin excusas, formación en valores y ciudadanía, y descentralización con transparencia.
Estos ejes, a juzgar por el discurso del ministro, buscan mejorar la calidad de la educación pública, fortalecer la formación técnico-profesional, impulsar el bilingüismo, asegurar la inclusión de todos los estudiantes y descentralizar las decisiones educativas. Dentro de todo, sin embargo, lo que más ha llamado la atención de esta propuesta es el regreso de la asignatura de Moral y Cívica, eliminada hace mucho tiempo por algún vivo que no quería reglas para sus fechorías, ni entendía de ética ni de hacer lo correcto.
Y es que, en una época marcada por rápidos cambios sociales, desafíos éticos y el debilitamiento de los vínculos comunitarios, la sociedad dominicana necesitaba urgentemente el fortalecimiento de la formación en valores, en ciudadanía y sentido de pertenencia. En este contexto, la reintroducción de la asignatura de Moral y Cívica en el sistema educativo nacional no es solo un acto simbólico, sino una decisión estratégica con profundas implicaciones para el desarrollo social, la estabilidad democrática y el progreso económico del país.
Durante décadas, la enseñanza de Moral y Cívica jugó un papel fundamental en la formación de generaciones de dominicanos conscientes de sus deberes, derechos y responsabilidades. Sin embargo, su eliminación o debilitamiento progresivo en el currículo escolar coincidió con un deterioro visible en aspectos clave de la convivencia: aumento de la violencia escolar e intrafamiliar, irrespeto a la autoridad, fragilidad del compromiso ciudadano y una preocupante pérdida del sentido colectivo de nación.
Por ello, reinstaurar esta asignatura, con enfoque actualizado y pedagógicamente relevante, significaría construir una base sólida para una ciudadanía más crítica, ética y comprometida. La moral y la ética no son conceptos abstractos o relegados a la vida privada; son principios orientadores que influyen directamente en cómo se gestiona lo público, cómo se toma decisiones empresariales, cómo se ejerce el poder, y cómo se convive en sociedad.
En términos económicos, el vínculo entre educación en valores y desarrollo sostenible es cada vez más reconocido. Países que han invertido en sistemas educativos integrales que incluyen formación ética muestran indicadores más bajos de corrupción, mayor productividad laboral y mejores niveles de cohesión social. Empresas, instituciones financieras y cooperativas valoran cada vez más a empleados responsables, liderazgo ético y conciencia cívica.
En nuestro país, donde persisten desafíos como el clientelismo, evasión fiscal, desorden urbano, corrupción y la informalidad, formar a los futuros ciudadanos con una comprensión clara del bien común, el respeto al Estado de derecho y la justicia social es una inversión de largo plazo en estabilidad institucional y competitividad económica. Invertir en la formación moral y cívica no es solo un deber educativo o cultural, sino una decisión inteligente para el desarrollo económico. Sociedades más éticas y participativas construyen economías más sólidas, justas y resilientes.
