En la República Dominicana seguimos enfrentando una contradicción lacerante: crecemos en cifras macroeconómicas mientras mantenemos invisibles a quienes más necesitan ser reconocidos: nuestros niños y niñas. Este 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, no basta con los gestos protocolares ni con las campañas institucionales. Hace falta mirar sin vendas y actuar con urgencia, porque el trabajo infantil sigue siendo una herida abierta, normalizada en la cotidianidad y tolerada, incluso, dentro de nuestros propios hogares.
Una reciente medición realizada por World Vision en marzo de 2025 en sus comunidades de incidencia que incluyó más de 4,300 encuestas a hogares y adolescentes, ofrece un espejo incómodo de nuestras realidades más íntimas. Uno de los datos más reveladores y dolorosos se encuentra en que el 8% de los padres y madres encuestados reconoció que alguno de sus hijos realiza trabajo infantil. No se trata de percepción, sino de admisión directa. Detrás de esa cifra hay cientos de historias de infancia interrumpida, de mochilas cambiadas por cubetas, de recreos sustituidos por jornadas extenuantes.
El desglose por localidades visibiliza una realidad aún más preocupante. En localidades como San Cristóbal y La Altagracia estos resultados son aún más alarmantes, alcanzando un 35% y 12% respectivamente. Esta segmentación territorial nos interpela: el trabajo infantil se concentra donde más se vulnera la garantía de derechos y donde el Estado llega con mayor debilidad estructural. No hablamos de estadísticas abstractas, sino de comunidades donde el empobrecimiento y la exclusión son el pan cotidiano.
Pero más preocupante aún es el contexto subjetivo en el que se inscriben estos datos. No solo es el hecho de que los niños trabajen, es que para muchos adultos esto parece aceptable. ¿Cómo defender a la niñez si desde los hogares, el primer espacio de protección, se justifica su explotación? Este hallazgo no ocurre en territorios genéricos, sino en comunidades específicas donde organizaciones como World Vision trabajan desde hace años con enfoques de desarrollo transformador y sensibilización. Si en estos espacios focalizados el fenómeno persiste, ¿qué podemos esperar del resto del país?
Como Coalición de ONGs por la Infancia, una red de organizaciones nacionales e internacionales que trabaja por la promoción y restitución de los derechos de la niñez, reconocemos los esfuerzos articulados entre el Estado y la sociedad civil para enfrentar el flagelo del trabajo infantil. Desde el Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil se han impulsado políticas, campañas y programas dirigidos a la protección de la niñez trabajadora. En ese marco, la Coalición ha colaborado activamente en el fortalecimiento de capacidades institucionales a través de acciones concretas como el Diplomado en Derechos de la Niñez, desarrollado por World Vision en alianza con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Ministerio de Trabajo, y el programa Sello de Empresa Libre de Trabajo Infantil, liderado por Save the Children en coordinación con las autoridades laborales. Estas iniciativas marcan pasos importantes, aunque insuficientes ante la magnitud del reto.
Los datos revelan también que cuatro de cada diez padres o cuidadores aún recurren al castigo físico o psicológico como método de corrección, y que solo el 4% de los adolescentes sienten que su voz es tomada en cuenta por las autoridades locales. Este entorno donde se anulan los derechos fundamentales no puede más que reproducir el ciclo de la desigualdad y la exclusión.
Como Coalición, creemos firmemente que erradicar el trabajo infantil no es solo un imperativo jurídico ni una meta del desarrollo sostenible: es un mandato ético. Proponemos reforzar el diálogo con los padres, repensar las políticas públicas desde el territorio y garantizar que los programas sociales lleguen efectivamente a las familias más vulnerables, antes de que opten por enviar a sus hijos a trabajar. El Estado debe asumir su rol articulador con mayor contundencia, pero también nosotros, como sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía, debemos romper el silencio cómplice.
La niñez no puede seguir siendo la variable de ajuste de la pobreza. Lo que está en juego no son solo derechos vulnerados, sino el alma misma de la nación. Porque permitir que un niño trabaje es condenarlo a un futuro sin oportunidades, y peor aún, a una adultez prematura que nos negará la esperanza colectiva de un país justo.
No se trata de una efeméride. Es un grito de conciencia.
Por: Coalición de ONGs por la Infancia
