En un contexto de demandas sociales crecientes y limitación fiscal crónica, invertir con propósito se vuelve no solo deseable, sino imprescindible. Esa fue la filosofía que aplicamos en el Defensor del Pueblo: transformar una estructura subutilizada en una institución de alto impacto, sin aumentar el tamaño del Estado, pero sí su utilidad.
Entre 2021 y 2024, el presupuesto institucional pasó de RD$165 millones a RD$425 millones. Un incremento de más del 157%, logrado no por presión política, sino por resultados verificables. Aplicamos la Teoría de Gestión por Resultados (Managing for Results), como propone Robert Behn: “Los recursos deben seguir a los resultados, no a la retórica”.
Y los resultados están a la vista:
- 9,324 casos recibidos solo en 2024, con un índice de respuesta del 96.2% bajo certificación ISO 9001.
- Más de 312,000 personas impactadas con educación en derechos ciudadanos.
- Una nueva sede institucional construida con menos de RD$165 millones, y sin sobrecostos.
- Reforma organizacional y modelo de gobernanza basado en evidencia y transparencia, con puntuación perfecta (100/100) ante la DIGEIG y el Ministerio de Hacienda.
Más aún, iniciamos una expansión territorial sin precedentes: recorrimos las 32 provincias con la Ruta de los Derechos; instalaremos Casas de los Derechos en las 10 regiones del país; y creamos un programa de formación cívica sin precedentes para escuelas, universidades y comunidades.
Todo esto con apenas el 0.03% del Presupuesto Nacional. Lo reitero: 0.03%.
Mientras organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) alertan que el gasto de inversión pública en el país ronda apenas el 9.8, cuando debería superar el 20% para lograr sostenibilidad y cerrar brechas, mostramos que es posible reorientar el gasto sin aumentar impuestos, simplemente mejorando la eficiencia institucional.
La confianza pública no se impone: se gana. Y se gana con transparencia, efectividad y vocación de servicio.
En un país que aspira a consolidarse como economía emergente, necesitamos más que crecimiento: necesitamos instituciones que funcionen. Ese es el mejor entorno para los negocios. Y también para la dignidad.
Porque invertir bien, incluso desde lo público, es la mejor garantía de desarrollo sostenible.
