A pesar de representar una parte relevante de la fuerza laboral rural, las mujeres dominicanas siguen enfrentando amplias desigualdades en el sector agropecuario, especialmente en el acceso a tierra, crédito, agua e infraestructura.
Así lo revela el informe “Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario de la República Dominicana”, elaborado por el Ministerio de Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Una de las principales barreras es el acceso a la tierra, un recurso clave para producir, acceder a financiamiento y participar en cadenas de valor. Según el estudio, solo el 15.3% de los miembros de hogares con tierras, ya sean propias, alquiladas o prestadas, son mujeres, frente a un 85% que son hombres.
Además de ser menos propietarias, las mujeres tienden a poseer parcelas más pequeñas. Por ejemplo, en el rango de menos de 8 tareas, el 26.4% están en manos femeninas, mientras que solo el 15.9% de los hombres trabajan en ese tamaño de terreno. Aunque en apariencia las mujeres lideran en ese rango, la extensión limitada limita su capacidad de competir.
La situación se invierte en las fincas más grandes. En parcelas de entre 71 y 199 tareas, solo el 7.8% son de mujeres, mientras que el 12.5% pertenecen a hombres. Esta desigualdad de escala impide a muchas productoras acceder a mercados más exigentes, como el turístico o el internacional.
El documento refiere que otro factor que profundiza las desigualdades es la falta de títulos de propiedad a nombre de mujeres. Muchas agricultoras no cuentan con documentos legales que acrediten la posesión de sus terrenos, lo cual limita su acceso a créditos, asistencia técnica y programas gubernamentales.
A pesar de la reforma agraria de 1997 que establece la titulación conjunta de tierras otorgadas por el Estado a parejas casadas o convivientes, esta medida no aplica a la propiedad privada. En consecuencia, no existe obligación legal que garantice la titularidad compartida entre hombres y mujeres, ni incentivos para fomentarla.
Asimismo, las uniones consensuadas o matrimonios religiosos no se traducen en derechos legales de copropiedad sobre la tierra, dejando en situación de vulnerabilidad a muchas mujeres rurales que viven en pareja, pero sin respaldo jurídico para acceder a sus derechos patrimoniales.
El informe también resalta la ausencia de medidas presupuestarias específicas para facilitar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra. Aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 contempla mejorar esta situación, aún no se han implementado acciones concretas en esa dirección.
Además de la tierra, el acceso al agua representa un desafío adicional. Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para obtener recursos hídricos, tanto para riego como para consumo doméstico. Esto incrementa su carga de trabajo y reduce su tiempo disponible para actividades productivas.
La limitada participación femenina en las Juntas de Regantes también reduce su capacidad de incidir en decisiones clave sobre el acceso al agua. Esto tiene un impacto directo en la productividad agrícola y en la autonomía económica de las productoras rurales.
El acceso al crédito es otra brecha persistente. Sin títulos de propiedad y con producciones de baja escala, muchas mujeres quedan fuera del sistema financiero formal. Esto limita su capacidad para invertir, innovar o expandir sus emprendimientos agropecuarios.
A esta situación se suma la precariedad de los caminos vecinales en muchas comunidades rurales. La mala infraestructura dificulta el transporte de productos hacia los mercados, encareciendo los costos logísticos y reduciendo las oportunidades comerciales para las mujeres.
