Según el Fondo Monetario Internacional (2013), las remesas familiares de los trabajadores son transferencias corrientes efectuadas por empleados a favor de residentes de otra economía, flujos de recursos que están asociados principalmente a la migración temporal o permanente de personas hacia otras naciones.
Durante las últimas décadas, estas remesas han sido un factor crucial en América Latina y el Caribe, ayudando a cubrir necesidades básicas de millones de personas e impulsando el consumo, el ahorro y la inversión en educación, salud y pequeños negocios, sobre todo en zonas rurales y en poblaciones en condición de vulnerabilidad.
En el 2022, según una publicación de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM, 2024), citado por Hernández, C. (2025), los países latinoamericanos (México, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Haití y El Salvador) recibieron en ese año alrededor de 61 mil millones de dólares en forma de remesas, las cuales provinieron, principalmente, de los Estados Unidos, ya que esto está relacionado directamente con la producción real de ese país y con los vínculos comerciales que se tienen. En el caso dominicano, las remesas de los dominicanos en el exterior han sido fundamentales para el financiamiento de sectores vulnerables en toda la geografía nacional.
En efecto, datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD, 2025) confirman este hecho y revelan que durante el período 2020-2025 las remesas han experimentado un crecimiento sostenido, superando la franja de los 10 mil millones de dólares en el 2023. Según esa misma institución, las remesas recibidas por la República Dominicana, durante los primeros cinco meses del 2025, alcanzan la cifra de 4,903 millones de dólares, con un aumento de un 11.9% en relación con igual periodo del año anterior. Como ha de suponerse, el 82.7% de las remesas formales recibidas por el país provienen de los Estados Unidos.
Pese a todo lo anterior, sin embargo, negros nubarrones se ciernen sobre los países latinoamericanos receptores de remesas, pues la administración de Donald Trump ha visto que este renglón puede ser una buena fuente de recaudación de ingresos y ha sometido al Congreso un plan fiscal que implica, entre muchas otras cosas, el establecimiento de un impuesto de un 1% a las remesas que se envíen desde la nación norteamericana hacia el resto del mundo.
Es obvio que esto tendrá un impacto severo para los países receptores, lo cual pudiera acentuar en nivel de pobreza y desigualdad en regiones con alta dependencia del dinero enviado por familiares en el extranjero. Otro elemento es que esta medida, la cual entraría en vigor el 31 de diciembre de 2025, podría estimular el uso de canales informales y no regulados para el envío de dinero, lo que implicaría mayores riesgos de lavado de activos y evasión fiscal.
Aunque para la administración Trump la mirada es estrictamente recaudatoria, detrás del establecimiento de este impuesto existen profundas implicaciones humanas, sociales y económicas, ya que significará menos comida para millones de personas, menos medicamentos disponibles, menos oportunidades educativas y menos inversión en el futuro de miles de familias.
Es fundamental que los actores regionales actúen con prontitud y unidad para frenar esta iniciativa, recordándole al presidente estadounidense que gravar la solidaridad es una forma peligrosa de hacer política fiscal.
