La mina Pueblo Viejo en Sánchez Ramírez constituye una paradoja del desarrollo territorial dominicano. Mientras el subsuelo cotuisano ha transferido al Estado US$3,380.3 millones en doce años, la población local permanece marginada de los beneficios de esta extraordinaria riqueza, evidenciando un modelo extractivo que privilegia la centralización fiscal sobre el desarrollo regional equitativo.
Los datos oficiales de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda documentan aportes que superan cualquier expectativa razonable para una provincia del interior dominicano. El promedio anual de US$260 millones representa aproximadamente el 3.5% de los ingresos fiscales nacionales, posicionando a esta operación minera entre los principales contribuyentes individuales al erario público.
La estructura tributaria aplicada demuestra la sofisticación del marco regulatorio. El impuesto sobre la renta constituye el 47.5% del total recaudado, la Participación sobre las Utilidades Netas alcanza el 32.2%, y el Retorno Neto de Función representa el 16.1%. Los picos de recaudación durante 2020-2021, con aportes de US$396.1 millones y US$491.9 millones respectivamente, demuestran la sensibilidad de estos ingresos a las fluctuaciones del mercado global de metales preciosos.
La Ley de Minería dominicana establece mecanismos específicos para garantizar que las comunidades anfitrionas de operaciones extractivas reciban compensaciones directas por el aprovechamiento de sus recursos naturales. Simultáneamente, la legislación ambiental contempla fondos de desarrollo comunitario financiados por las empresas concesionarias. Sin embargo, la realidad cotuisana revela el incumplimiento sistemático de estas disposiciones por parte de sucesivos gobiernos.
La brecha entre los ingresos generados y las inversiones ejecutadas en Sánchez Ramírez constituye una violación flagrante del principio de redistribución territorial que fundamenta el marco jurídico minero. Los recursos que por mandato legal debían destinarse a infraestructura educativa, sanitaria, vial y productiva en la provincia han sido desviados hacia el presupuesto general, perpetuando un modelo colonial de extracción de recursos sin desarrollo local.
La persistencia de indicadores socioeconómicos deficitarios en Sánchez Ramírez contrasta dramáticamente con la magnitud de los recursos extraídos de su territorio. Los niveles de pobreza, acceso limitado a servicios básicos, infraestructura vial deficiente y oportunidades educativas restringidas evidencian que la riqueza mineral no se ha traducido en bienestar poblacional.
Esta situación configura un caso paradigmático de lo que la literatura especializada denomina “maldición de los recursos naturales a nivel subnacional”, donde las regiones productoras de commodities experimentan paradójicamente menores niveles de desarrollo que las áreas metropolitanas que concentran los beneficios fiscales.
El análisis revela fallas estructurales en los mecanismos de gobernanza territorial. Los sucesivos gobiernos han convertido a Sánchez Ramírez en una provincia tributaria sin contrapartida inversora, violando tanto el espíritu como la letra de la legislación sectorial. Esta práctica constituye una forma de colonialismo interno que perpetúa las asimetrías territoriales.
La sostenibilidad del modelo minero dominicano requiere una rectificación urgente que garantice la redistribución territorial de los beneficios extractivos. El cumplimiento de las disposiciones legales vigentes constituye una obligación jurídica ineludible que debe materializarse mediante inversiones inmediatas en infraestructura, educación, salud y diversificación productiva local.
Cotuí merece que el oro de su subsuelo se transforme en oportunidades concretas para su población, no en recursos que engrosen presupuestos centralizados mientras la comunidad anfitriona permanece marginada del desarrollo.
