La infraestructura ha sido durante décadas el símbolo visible del poder político. Carreteras, puentes, escuelas, acueductos. Cemento que inaugura, asfalto que da discursos. Sin embargo, en la República Dominicana todavía no hemos logrado entender que no toda obra es desarrollo. Y que, muchas veces, el problema no está en lo que se construye, sino en por qué, para quién y con qué propósito se construye.
En el año 2023, la inversión pública en obras de capital representó apenas el 2.5 % del PIB, una caída sostenida desde el 4.4 % registrado en 2010 (BCRD). Pero más preocupante aún que el volumen, es la lógica de asignación.
El 75 % del gasto de capital se concentra en solo siete provincias, mientras 20 de las 32 reciben menos del 1.5 % del total nacional (DGCP, 2023). Este desequilibrio reproduce lo que la CEPAL ha llamado “asimetrías territoriales funcionales”: regiones que producen riqueza, pero no reciben inversión pública proporcional.
En términos de economía política, esto significa que el Estado dominicano ha favorecido históricamente una lógica de infraestructura electoral, no de infraestructura productiva. La consecuencia es visible: brechas logísticas, aislamiento rural, cadenas de valor fragmentadas y un costo económico oculto que pagamos todos.
Hoy en día, el costo logístico de transportar un producto agrícola desde una zona rural del sur hasta un puerto del este puede ser entre 3 y 5 veces mayor que desde el Gran Santo Domingo (CNZFE, 2023). Esto se traduce en pérdida de competitividad, informalidad territorial y concentración de oportunidades.
Como planteó Albert Hirschman en su teoría de los encadenamientos económicos, una infraestructura bien pensada no solo mejora la movilidad: activa sectores, multiplica empleos, conecta mercados y democratiza el acceso al desarrollo. Lo mismo decía Mariana Mazzucato al hablar del “Estado emprendedor”: invertir con inteligencia es una forma de crear valor público, no solo de gastar dinero.
El problema no es la obra. Es la visión. ¿Cuántos puentes sin uso conocemos? ¿Cuántos parques inaugurados están cerrados? ¿Cuántas escuelas construidas en comunidades sin estudiantes? El crecimiento urbano desordenado, la debilidad de la planificación intermunicipal y la falta de criterios técnicos robustos en el Sistema Nacional de Inversión Pública han generado un mapa de obras donde la política corta más cintas que las que necesita la economía real.
Pero hay otra forma de hacer las cosas. Si diseñamos una política nacional de infraestructura basada en retorno social, productividad territorial y sostenibilidad, podríamos transformar el territorio dominicano en una plataforma equitativa de oportunidades. Por ejemplo:
• Invertir en caminos interparcelarios en la región sur reduciría en 20 % las pérdidas poscosecha y en 30 % los tiempos de acceso a mercados regionales (FAO, 2022).
• Acelerar la inversión en sistemas de agua potable rural permitiría aumentar en 18 % la productividad agrícola en zonas de secano (MEPyD).
• Ampliar la cobertura de Internet de banda ancha en 50 municipios con bajo índice de desarrollo permitiría a más de 300,000 jóvenes acceder a educación virtual, formación técnica y comercio digital (Indotel, 2023).
Esto no es un ejercicio contable. Es un rediseño del Estado para generar capacidades. Un Estado que no solo gaste, sino que piense. Que no solo construya, sino que habilite. Que no solo asfalte, sino que conecte vidas.
Cuando desde el Defensor del Pueblo hemos visitado provincias como Elías Piña, Monte Plata, Independencia o Bahoruco, hemos visto comunidades con alto potencial productivo atrapadas en una geografía de abandono. Jóvenes dispuestos, suelos fértiles, ideas claras. Lo que falta no es energía social. Es infraestructura estratégica que active esa energía.
La Constitución dominicana establece que la inversión pública debe orientarse a garantizar derechos fundamentales y equidad territorial. Hoy, en muchos parajes del país, tener acceso al agua, al transporte, al Internet o a una simple vía asfaltada es todavía una promesa pospuesta. Y sin esos bienes públicos, no hay productividad. Y sin productividad, no hay libertad económica real.
El cemento no puede seguir siendo un trofeo de campaña. Tiene que volver a ser lo que alguna vez fue: una herramienta para dignificar territorios.
El desarrollo no se mide solo en kilómetros construidos, sino en barreras eliminadas.
Y ahí, justamente ahí, empieza la justicia.
