La digitalización de los servicios de salud en República Dominicana ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años. La pandemia aceleró la aceptación social y médica de la telemedicina, y desde entonces, tanto el sector público como el privado han adoptado plataformas digitales para consultas, seguimiento clínico y gestión de expedientes.
Esta transformación ha traído beneficios innegables en términos de acceso, eficiencia y reducción de costos, pero también plantea desafíos importantes para el marco jurídico sanitario.
Uno de los avances en el mundo de la salud –a nivel macro, no en nuestro país– es el llamado “récord único” de salud. Este sistema busca centralizar y digitalizar el historial médico de cada ciudadano, facilitando el acceso a información clínica por parte de los distintos prestadores autorizados. Pero esto incrementa los riesgos de privacidad y seguridad de la información médica.
La Ley General de Salud 42-01 y otras disposiciones fueron diseñadas para un entorno analógico, y hoy resultan insuficientes frente a las complejidades del entorno digital. La ausencia de un marco legal específico sobre telemedicina genera incertidumbre en cuanto a la validez de las consultas a distancia, la responsabilidad médica en caso de error diagnóstico, y los requisitos éticos que deben cumplirse.
Uno de los pilares del nuevo modelo debe ser la protección de datos personales. La información médica es considerada especialmente sensible bajo los estándares internacionales. La Ley 172-13 de Protección de Datos es un punto de partida, pero no contiene disposiciones específicas sobre salud, consentimiento electrónico ni portabilidad de expedientes clínicos.
Asimismo, la responsabilidad profesional en el entorno digital requiere revisión. ¿Qué sucede si una prescripción enviada por una app produce efectos adversos? ¿Se aplica el mismo estándar de diligencia que en la medicina presencial? El vacío normativo puede dejar tanto a médicos como a pacientes en una zona de incertidumbre jurídica.
La ciberseguridad es otro eje crítico. Instituciones de salud manejan grandes volúmenes de datos sensibles y se han convertido en blancos atractivos para ataques cibernéticos. La regulación debe establecer protocolos mínimos de protección, certificaciones de software y obligaciones de reporte en caso de vulneraciones.
Desde una perspectiva económica, un marco regulatorio moderno permitiría mayor inversión en soluciones de salud digital, generaría empleos especializados y reduciría costos operativos para aseguradoras, hospitales y pacientes. También facilitaría la internacionalización de servicios médicos dominicanos, atrayendo a pacientes de otros países bajo esquemas de turismo médico que estarían respaldados por estándares confiables.
La salud digital es una realidad que llegó para quedarse. Para aprovechar todo su potencial, nuestro país debe avanzar hacia una legislación sanitaria moderna que garantice derechos, promueva innovación y brinde seguridad jurídica a todos los actores del sistema. La regulación no debe ser vista como un freno, sino como un habilitador clave para consolidar una salud más eficiente, equitativa y resiliente.
