[dropcap]E[/dropcap]n los países de América Latina, pese a sus grandes esfuerzos en sus sistemas políticos, la corrupción sigue cobrando notoriedad y relevancia, debido a la cantidad de casos en la palestra que envuelven a sus principales gobernantes.
Así lo plantea el informe de la firma Llorente & Cuenca denominado ‘La corrupción, el talón de Aquiles de las democracias latinoamericanas”, en el que se destaca que aun cuando en la región se han creado instituciones que, con sus debilidades y fortalezas, sirven para controlar los actos delictivos, los Estados no han avanzado.
El estudio resalta que la corrupción, además de generar pérdida competitiva, tiene efectos económicos, reduce la productividad del gasto de la administración y la efectividad de las políticas públicas.
No obstante, detalla que hoy en día con la preparación de la sociedad es más complejo esconder corrupción y acallar las protestas con el clientelismo.
“El Banco Mundial calculaba que en 2013 los sobornos pagados tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados alcanzaron entre 2001 y 2002 un trillón de dólares, es decir el 3% del PIB mundial”, detalla el informe.
Oleada de casos sobre corrupción
Chile, Uruguay y Costa Rica aprueban en materia de corrupción, es decir se encuentran por encima de la media en cuanto a transparencia.
Según el informe de Transparencia Internacional (IT), la corrupción del resto de los 16 países de América Latina es inferior al aprobado. Solo dos regiones del mundo son percibidas como más corruptas que América Latina: África y la zona que va desde el este de Europa hasta Asia central.
En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), República Dominicana en 2004 ocupaba el puesto 87 de 145 países.
El ranking del IPC de 2015 reflejó que Venezuela y Haití se llevaron la peor calificación en cuanto a corrupción, situándose en el puesto 158, Paraguay junto a Nicaragua ocupó la posición 130 y algo por encima, en el puesto 123, se sitúa Guatemala.
El informe destaca que “en el puesto 103 está República Dominicana, con 33 puntos. En el 99 está Bolivia, con 34 puntos, y en el 95, México, que mantiene los 35 puntos”.
Sin embargo, el Latinobarómetro estudio de opinión pública que aplica anualmente entrevistas en 18 países de Latinoamérica para investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad, determinó en 2015 solo el 17% de los latinoamericanos confiaba en un desconocido y el 30% en las instituciones democráticas.
Por otro lado, en cuanto a la posición global del IPC en América Latina, Uruguay sigue a la cabeza como el país más transparente de la región y ocupa el puesto número 21 de la tabla mundial, con 74 puntos de un máximo de 100.
El documento señala que dos se alzan como los principales obstáculos para combatir un fenómeno tan generalizado: la debilidad institucional y la necesidad de fortalecer los Estados de derecho para combatir la corrupción.
“Si bien es cierto que la corrupción es un fenómeno universal que afecta a la economía, la sociedad y la legitimidad del sistema democrático, este se da de forma más acusada y profunda en regiones como la latinoamericana donde en algunos casos no existe un aparato institucional con fortaleza suficiente para combatirlo”, destaca el documento.
El informe sugiere que para combatir eficazmente la corrupción se necesita un aparato institucional fuerte, un cuerpo legal sólido y voluntad política.
La impunidad es el determinante de la corrupción. Si bien el informe explica que “la corrupción es universal, pero la diferencia de un país a otro se encuentra en que hay lugares donde se castiga con severidad y las penas se cumplen, lo cual se transforma en un elemento de inhibición a la hora de cometer actos ilícitos”.
Modelos de lucha
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), asegura que existen tres tipos genéricos de modelos en materia de lucha contra la corrupción; crear una agenda única que concentre los temas relacionados con la corrupción, concentrar la autoridad para perseguir y sancionar la corrupción en un organismo, y optar por agencias múltiples descentralizadas que evalúen, investiguen, capaciten y diseñen códigos de ética de legislación.
