La Asociación de Bancos Múltiples (ABA) expresó su preocupación por algunos artículos del Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, pieza que fue aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados.
En una carta remitida al Congreso, el gremio de la banca múltiple expresó que le preocupa especialmente el artículo que establece el depósito obligatorio de la garantía del contrato de alquiler en entidades bancarias. Afirma que esta medida impone funciones al sistema financiero para las que no tiene atribuciones legales ni operativas.
La institución, que publicó sus observaciones en X, explica que las garantías de alquiler son pactos entre arrendador e inquilino, por lo que convertirlas en una obligación bancaria desnaturaliza su finalidad, introduce a un tercero sin competencias legales claras y genera riesgos operativos, legales y reputacionales.
Sostiene, además, que el proyecto plantea que los bancos deban entregar esas garantías “sin más trámite”, sin definir criterios objetivos ni procesos para determinar si se ha cumplido o no con el contrato, “lo que consideramos inviable”.
También, indica la ABA, se establece la obligación de notificar los contratos al órgano supervisor bancario, lo cual representa una carga operativa sin precedentes y alejada por completo de sus funciones como sector financiero.
“Nos preocupa que estas disposiciones, lejos de resolver una necesidad, terminen introduciendo más inseguridad jurídica en relaciones que deberían mantenerse bajo el marco de la autonomía contractual entre partes”, expresa la institución en su perfil de X.
En tal sentido, solicita a la Comisión Especial que estudia la pieza revisar a fondo los artículos 15 y 16 del proyecto, para asegurar que el objetivo de protección al arrendatario y al arrendador no derive en un traslado indebido de funciones a las entidades financieras.
La ABA reiteró su disposición a colaborar con el Congreso en este proceso, convencidos de que es posible alcanzar un texto equilibrado, funcional y respetuoso del marco legal vigente.
