El Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) y la Ley de Medio Ambiente establecen que los municipios donde esté ubicada la mina, en este caso Barrick Pueblo Viejo (PVDC), recibirán el 5% de los beneficios netos generados.
Los datos reportados por el Ministerio de Hacienda establecen que ningún gobierno ha cumplido con este mandado legal, pues la provincia Sánchez Ramírez apenas recibe un monto ínfimo de los beneficios netos resultantes de la explotación minera.
Está claro que los beneficios netos del proyecto minero, calculados sobre el flujo de efectivo de PVDC, son inherentemente variables. Este flujo incorpora múltiples factores dinámicos: niveles de producción, precios internacionales de minerales, costos operativos, inversiones de capital y ajustes contables complejos. La naturaleza misma de la actividad minera hace que estos beneficios fluctúen significativamente año tras año.
Los datos oficiales confirman esta variabilidad. Los ingresos totales de PVDC han oscilado desde US$173.3 millones en 2018 hasta US$491.9 millones en 2021. La participación del Estado en las utilidades netas (PUN) ha variado desde cero en varios años hasta US$183.9 millones en 2021, demostrando la volatilidad de los beneficios netos del proyecto.
Un análisis de los datos presupuestarios del Consejo Provincial para la Administración de Fondos Mineros (Fomisar) revela un patrón que contradice fundamentalmente el espíritu y la letra de la ley. Las asignaciones muestran montos fijos durante períodos extensos: RD$200 millones anuales de 2016 a 2021, RD$300 millones en 2022-2023, y RD$400 y RD$450 millones en años recientes.
Partiendo de los resultados, esta rigidez presupuestaria es incompatible con la naturaleza variable de los beneficios netos del proyecto. Cuando PVDC reportó ingresos totales de US$491.9 millones en 2021, las comunidades recibieron los mismos RD$200 millones que, en 2018, cuando los ingresos fueron apenas US$173.3 millones. Esta disparidad sugiere que el cálculo no se basa en el 5% real de los beneficios netos, sino en asignaciones presupuestarias predeterminadas.
Aún está por confirmarse cuánto asumió el Estado por las negociaciones alcanzadas con los desplazados en la zona donde se construirá la presa de colas para expandir la explotación en Pueblo Viejo.
Corrección
Para dimensionar la magnitud de esta irregularidad, en años de alta rentabilidad, el 5% de los beneficios netos podría superar los montos fijos asignados a Fomisar.
En 2021, por ejemplo, solo el 5% de la PUN habría ascendido a aproximadamente US$9.2 millones, equivalentes a más de RD$520 millones al tipo de cambio promedio, superando los RD$200 millones efectivamente asignados.
Esta diferencia no representa meramente un error contable, sino recursos que legítimamente pertenecen a las comunidades afectadas por la explotación minera.
