“Cuando un país (Estados Unidos) está perdiendo muchos miles de millones de dólares en comercio con prácticamente todos los países con los que trata, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Por ejemplo, cuando debemos 100,000 millones de dólares con cierto país y se ponen tontos, no comerciamos más -ganamos en grande. ¡Es fácil!”.- Donald Trump, tras anunciar aranceles al acero y al aluminio en marzo de 2018.
Imponer aranceles suele presentarse como un modo de “castigar” a otros países, forzarlos a ceder en disputas comerciales o proteger industrias locales. Gobiernos como el de Donald Trump recurren con intensidad a este instrumento para apuntalar sectores domésticos o engrosar ingresos estatales. Pero la realidad es que quienes realmente asumen ese costo somos los consumidores y las empresas del país que los aplica.
En esencia, un arancel es un impuesto a bienes importados. Puede ser ad valorem, es decir un porcentaje sobre el valor de la mercancía, o específico, un monto fijo por unidad. Sus fines van desde proteger industrias nacientes hasta servir como palanca de negociación geopolítica. Sin embargo, sea cual sea la intención, el efecto es siempre el mismo. Cada aumento arancelario añade un eslabón de costo que recorre toda la cadena de valor hasta llegar al comprador.
Un ejemplo ilustra bien esta dinámica. El New York Times analizó unas zapatillas chinas cuyo precio de fábrica es 14 dólares (incluye materiales, mano de obra y ganancia).
Al sumarse el envío y la logística internacional, se añaden seis dólares más. Luego entran los aranceles: el 30% habitual y un 10% extraordinario, lo que suma otros seis dólares. Con ello, el importador invierte 26 dólares por par, pero en la tienda el precio final ronda entre 60 y 100 dólares.
A esos márgenes se suman costes de distribución, almacenamiento y venta, de modo que la “guerra arancelaria” termina en el bolsillo del consumidor.
En República Dominicana la historia no difiere. Por ejemplo, según la Dirección General de Aduanas y la Oficina Nacional de Estadística, un saco de 125 libras de arroz importado arrastra un arancel promedio del 20%, lo que añade más de quinientos pesos a su precio en el supermercado. La ropa de segunda mano, vital para sectores vulnerables, paga un gravamen del 5% más el ITBIS, encareciendo aún más estos artículos esenciales.
Este “impuesto invisible” atraviesa varias etapas. Coste base en el país exportador, envío, desembarco, aranceles en aduana y luego distribución y venta local. En conjunto, el consumidor asume un sobreprecio de entre 25% y 30% sobre el valor original del producto.
¿Quiénes sufren estas alzas?
Primero, los consumidores, al enfrentar precios más altos en bienes cotidianos. Luego, los importadores, cuya rentabilidad se ve mermada o que se ven obligados a trasladar los costos al comprador. También los productores locales pueden resultar perjudicados en la medida en que con menor competencia externa, pierden incentivos para innovar y a medio plazo enfrentan presiones para inflar sus propios precios. Finalmente, los exportadores que arriesgan represalias arancelarias de otros países, lo que dificulta su acceso a mercados internacionales.
¿Significa esto que los aranceles son siempre contraproducentes?
No. Bien diseñados, protegen industrias emergentes o sectores estratégicos como la agricultura. El problema surge cuando se aplican sin políticas complementarias. En este caso dejan de ser un escudo y se convierten en una traba al crecimiento y la competitividad de toda la economía.
En definitiva, los aranceles no castigan al extranjero como suele pregonarse. Nos afectan a nosotros, silenciosa e inevitablemente, cada vez que compramos un producto importado. En un país como el nuestro, con alta dependencia de bienes del exterior, entender esta realidad es clave para impulsar un debate honesto y responsable sobre nuestra política comercial.
