El Ejecutivo de Panamá aprobó un presupuesto de US$34,901 millones para 2026, el más alto de su historia y que refleja la rigidez del gasto público y el impacto del alza de la deuda pública, casi duplicada en el quinquenio anterior (2019-2024), informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El presupuesto de 2026, que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), es US$4,181 millones (13.6%) superior al de este año y se enmarca en un escenario de crecimiento económico proyectado de un 4% del producto interno bruto (PIB) y un déficit de un 3.5%, según un comunicado de la cartera panameña de Economía.
El déficit fiscal proyectado para 2026 es menor al 4% esperado para este año y que el 7.35% registrado en 2024.
La subida del presupuesto general para 2026 está impulsada “principalmente por obligaciones ineludibles del Estado como el pago de deuda pública heredada, intereses y aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social (CSS), lo cual no representa nuevas expansiones de programas, sino que refleja la rigidez del gasto público”, indica el documento oficial.
“Para el presupuesto 2026, la amortización de la deuda pública heredada implica 2.051 millones de dólares adicionales en pagos de capital versus el año anterior y US$469 millones más en intereses, para un total de US$3,661 millones en comparación con el año previo”, precisa el reporte.
En su comunicado, el MEF señala que la deuda pública casi se duplicó entre junio de 2019 y junio de 2024, al pasar de US$26,612 millones a US$51,812 millones, mientras que el pago de intereses creció un 152% hasta alcanzar los US$3,192 millones.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que las finanzas públicas enfrentan compromisos estructurales acumulados, una pesada carga del servicio de deuda y obligaciones derivadas de leyes especiales (aumentos salariales automáticos) por US$312 millones.
Contención de gasto corriente y alza de la inversión
El gasto de funcionamiento del Gobierno Central, sin incluir el servicio de la deuda, sube un 1% al pasar de US$6,667 millones a US$6,741 millones, lo que muestra el compromiso con la contención del gasto corriente, explicó el ministro en el mensaje oficial.
Chapman cita la reducción de 4,888 servidores públicos entre julio de 2024 y mayo de 2025 como parte de la estrategia de racionalización del gasto público.
El gasto de inversión se eleva un 26%, con respecto a 2025, y llega a US$11,151 millones, de los que US$8,604 millones corresponden a inversión física y el resto a inversión social orientada al desarrollo humano, equivalente al 12.3% y al 9.5% del PIB, respectivamente, “que está entre las más altas del mundo”.
Para el sector educativo, el presupuesto contempla una asignación que debe alcanzar el 7% del PIB real, tal como lo indica la ley, pero “esta alta concentración de recursos genera rigideces que afectan la atención de otras prioridades nacionales como salud, vivienda, agua potable, seguridad e inversión en obras públicas”, afirmó Chapman, que instó a que se logre “un enfoque de equidad intersectorial”.
