La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de gas licuado de petróleo (Asopymegas) respalda la decisión del presidente Luis Abinader de observar la ley de residuos sólidos, tras los reclamos de diversos sectores económicos y sociales. “Esta medida abre el camino hacia una revisión más justa, técnica y consensuada de una normativa que, en su estado actual, representa una amenaza directa para la sostenibilidad de cientos de estaciones de expendio de combustibles“, expresó Asopymegas.
“Nuestro sector, compuesto en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas, opera bajo un régimen de márgenes regulados por el Estado. Aunque el volumen de ventas puede parecer elevado, la realidad es que nuestras ganancias netas son mínimas, lo cual nos impone serias limitaciones para asumir nuevas cargas económicas como las planteadas en esta ley”, advirtió la asociación.
Aseguró que el esquema propuesto en la legislación que asigna responsabilidades según el nivel de ventas brutas, coloca erróneamente a las pequeñas y medianas eempresas de GLP en la categoría de grandes contribuyentes. Según la asociación, la nueva ley ignorando que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reconoce a las empresas como negocios regulados y no como grandes empresas. “Esta contradicción tácita afecta directamente a más de 150 estaciones de expendio formales que sostienen más de 3,000 empleos directos e indirectos”, condenó.
Además, dijo que las operaciones ya están sujetas a múltiples regulaciones ambientales, sanitarias, operativas y de seguridad, por lo que cualquier marco legal adicional debe considerar esa carga preexistente.
Asopymegas hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y a los organismos técnicos correspondientes, para que en el proceso de revisión y modificación de esta ley se garantice la participación activa de los sectores directamente afectados, especialmente los que operan bajo condiciones reguladas por el Estado.
“Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión responsable y sostenible de los residuos sólidos, pero esta debe construirse sobre la base de la equidad, la proporcionalidad y la realidad económica del país”, expresa en un comunicado.
