La Ley 8-90, que regula el régimen de zonas francas industriales en República Dominicana, cumple 35 años de vigencia. Fue pionera en su momento y pieza clave del despegue económico exportador, particularmente en manufactura ligera y ensamblaje. Sin embargo, el contexto global ha cambiado y RD enfrenta un nuevo reto-país: modernizar esta ley para competir por inversiones en industrias 4.0, servicios digitales y cadenas de valor.
Las zonas francas dominicanas son exitosas. En 2024 exportaron más de US$8,000 millones, generando cerca de 200,000 empleos directos. Pero detrás de esos números hay una concentración en rubros tradicionales -textiles, tabaco, dispositivos médicos- y, a modo muy esperanzador, una lenta evolución hacia sectores de mayor valor agregado como software, biotecnología o servicios financieros compartidos.
El ecosistema global está migrando hacia el nearshoring y la regionalización de cadenas de suministro. Empresas estadounidenses, europeas y latinoamericanas buscan centros de producción y servicios más cercanos, confiables y eficientes. Nuestro país tiene una oportunidad estratégica, pero la legislación actual no fue diseñada para facilitar la instalación de centros de investigación, operaciones digitales o fábricas automatizadas.
Una Ley de Zonas Francas 2.0 debería repensar incentivos, procesos y definiciones. Por ejemplo, ¿por qué mantener un enfoque exclusivamente físico cuando los servicios digitales exportables no necesitan una nave industrial? ¿Cómo incentivar la instalación de centros de desarrollo de software o inteligencia artificial que exporten talento y propiedad intelectual? El marco legal actual los trata con ambigüedad.
Hay que avanzar hacia “incentivos inteligentes”: menos generalizados, más selectivos y condicionados a impacto. En lugar de exenciones amplias y perpetuas, podrían establecerse beneficios fiscales temporales vinculados a generación de empleos de calidad, inversión en capacitación o sostenibilidad ambiental. Esto no solo alinearía la política con los compromisos fiscales del Estado, también protegería al régimen ante eventuales cuestionamientos por parte de socios comerciales.
La sostenibilidad fiscal también está en juego. Organismos multilaterales y tratados de libre comercio como el DR-Cafta presionan cada vez más contra los regímenes tributarios preferenciales. Una actualización legislativa permitiría diseñar un marco compatible con compromisos internacionales.
Modernizar la Ley 8-90 no significa desmontar un modelo exitoso, sino evitar que se quede obsoleto. Es un momento ideal para integrar la política de zonas francas con la estrategia nacional de innovación, el sistema educativo técnico y los planes de digitalización del Estado. El Gobierno tiene una oportunidad histórica.
Convertir a República Dominicana en un hub de manufactura avanzada y servicios tecnológicos exportables requiere visión legal, pero también decisión política. Una nueva ley sería una señal clara de que el país quiere competir en la frontera del valor agregado. Si algo enseñan las zonas francas dominicanas, es que cuando se combinan reglas claras con apertura y pragmatismo, la inversión llega y se queda.
