La decisión del presidente Luis Abinader de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura reconfigura la estructura institucional del sector agrario. La medida, formalizada mediante el Decreto 115-25, busca consolidar funciones y optimizar recursos estatales. Pero también ha abierto un debate sobre el futuro de los parceleros y la reforma agraria.
Desde su fundación en 1962, el IAD fue una herramienta fundamental de desarrollo rural. Su origen se remonta a la política de la Alianza para el Progreso impulsada por el presidente estadounidense John F. Kennedy. En República Dominicana, el IAD surgió como un intento de evitar tensiones sociales, mediante la distribución de tierras estatales a campesinos sin acceso a propiedad.
Según explicó el asesor del Poder Ejecutivo en temas agrícolas, Eligio Jaqués, “la reforma agraria fue una política de justicia social. Las leyes de terrenos baldíos, cuota parte y latifundio permitieron que el Estado distribuyera tierras a quienes más lo necesitaban”. Desde 1961 al año pasado, el IAD adjudicó más de 10.4 millones de tareas de tierras a 124,500 productores organizados en 604 asentamientos campesinos. Muchos de estos terrenos, sin embargo, carecen de títulos definitivos.
La propuesta de fusión se sustenta en una visión de modernización del aparato estatal. “Ya no hay tantos campesinos errantes. Lo que urge ahora es completar la titulación de esas tierras, para que los parceleros pasen a ser productores normales, con acceso pleno a crédito y derechos”, asegura Jaqués. Desde 2020, el gobierno ha entregado más de 100,000 títulos de propiedad, aunque la mayoría corresponde a terrenos urbanos o semiurbanos.
Provincias como Azua, Monte Plata, María Trinidad Sánchez y Samaná concentran las mayores extensiones distribuidas. Por ejemplo, en Monte Plata hay 10,340 parceleros en 633,862 tareas, mientras que en Independencia se adjudicaron 1.3 millones de tareas.
La medida también busca reducir duplicidades institucionales y reubicar al personal del IAD en otras dependencias. “El IAD cuenta con unos 3,000 empleados, muchos de ellos agrónomos y técnicos que pueden seguir brindando asistencia desde el Ministerio de Agricultura”, indicó Jaqués. Asimismo, se contempla la jubilación de empleados con más de 20 años de servicio.
No todos comparten esta visión optimista. Para el exdirector del IAD, Héctor Rodríguez, la fusión representa una amenaza para la población rural. “El IAD no es un órgano técnico. Es una institución de justicia social. Su función no es solo distribuir tierra, sino defender los derechos de los reformados y garantizar la continuidad de la reforma agraria”.
Rodríguez señala que la mayoría de los parceleros aún no tienen título definitivo y dependen del IAD para resolver litigios, acceder a semillas y recibir apoyo técnico. “Si el IAD desaparece, más de 300,000 personas quedarían desprotegidas. Agricultura nunca ha tenido esa función social”. Asegura que los beneficiarios de la reforma agraria producen más del 50% del arroz nacional y hasta un 40% de la producción agropecuaria.
Desde el terreno, los temores se sienten con fuerza. Rosa Molina, parcelera de Santo Domingo Norte, asegura que “quitarnos el IAD sería dejarnos huérfanos. Nosotros tenemos 36 años en esas tierras y muchos no tienen título. Están entrando personas con supuestos títulos falsos y nadie nos defiende”, denuncia.
Molina forma parte de un asentamiento con 110 parceleros, de los cuales ya han fallecido varios, sin haber regularizado su propiedad.
La preocupación de Rosa no es aislada. En Monte Plata, cerca del 50% de las tierras están subutilizadas por falta de título y acceso a financiamiento. Sin una garantía hipotecaria, los parceleros solo pueden acceder a créditos prendarios, es decir, préstamos con base en la cosecha. Esto limita la inversión en infraestructura, riego o tecnología.
Aunque el presupuesto total destinado al sector agropecuario ha crecido de forma sostenida en la última década, la proporción ejecutada por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) ha disminuido frente al Ministerio de Agricultura.
En 2015, el IAD ejecutó RD$1,546 millones, lo que representó el 18.8% del total asignado al sector ese año. El año pasado, el monto ejecutado por el IAD asciende a RD$2,500 millones, pero su participación dentro del total agropecuario bajó a 9%. Esto sugiere una pérdida de protagonismo del organismo en la estructura presupuestaria del sector, pese a que sus fondos han aumentado en términos absolutos.
Cambio
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 115-25, mediante el cual dispone la fusión del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura, como parte del proceso de reforma y modernización del Estado. La disposición establece que ambas entidades quedarán integradas bajo una sola estructura, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir duplicidades administrativas y optimizar los recursos públicos destinados al sector agropecuario.
El decreto señala que el Ministerio de Administración Pública (MAP), junto a la Comisión de Reforma y Transformación de la Administración Pública, coordinará el proceso de integración institucional, asegurando la continuidad de los servicios y programas dirigidos a los parceleros y beneficiarios de la reforma agraria.
