En República Dominicana circulan más de 3,600,000 motocicletas, utilizadas para transporte, mensajería, delivery, recreación, uso personal e, incluso, para fechorías y acciones inconfesables. Representan cerca del 60% del parque vehicular nacional y son responsables de más del 65% de las muertes y heridos por accidentes de tránsito.
Un sector sin control, en gran parte sin identidad ni seguros, lo que constituye una verdadera inmoralidad social que involucra a todos.
Muertes por accidentes de tránsito
De acuerdo con diversas fuentes oficiales y periodísticas. 2020: 2,711 muertes por siniestros viales; 2021: 2,967 muertes; en 2023 fueron 2,921 (la ONE reporta 1,949 solo fallecimientos in situ). Otras fuentes elevan la cifra a 3,128. Y en 2024, según Opsevi/Intrant: 3,114; según ONE (muertes in situ): 1,961.
El 70% de los fallecidos son motoristas, de los cuales más del 70% son jóvenes entre 18 y 27 años, en pleno desarrollo de su vida productiva y, en muchos casos, sostén de sus familias.
Cuando mueren o quedan discapacitados, se transforman en una carga social que perpetúa el círculo de pobreza de sus comunidades.
A esto se suman los altos costos para hospitales, familias y el propio Estado. Cada accidentado representa un gasto hospitalario estimado entre RD$300,000 y RD$1,000,000.
A eso habría que añadir las pérdidas materiales en bienes públicos y privados como postes eléctricos, barandillas, puentes, árboles, animales y viviendas, además del costo de reparación de los vehículos siniestrados.
Impacto oculto y silencioso
Los accidentes no solo dejan muertos y heridos. También generan ausencias laborales, estrés y traumas en transeúntes, conflictos y riñas en la vía, horas perdidas en el tránsito, consumo innecesario de combustible en embotellamientos, una imagen negativa para el turismo, con visitantes heridos o fallecidos en carreteras dominicanas. Se trata, pues, de una tragedia nacional multidimensional que estamos enfrentando con indiferencia.
Medidas urgentes e impostergables
República Dominicana no puede seguir de espaldas a esta crisis. El Gobierno, los partidos políticos, el liderazgo social, religioso y empresarial deben asumirla con la misma seriedad con que enfrentamos el covid-19, porque también se trata de salvar vidas.
Algunas medidas pueden ser: registro y control real de motocicletas con identidad obligatoria de los conductores y regularización de los motores; seguro obligatorio, sin excepción, como parte de la matrícula; programa masivo de educación vial desde las escuelas; endurecimiento de sanciones para infracciones graves (conducción temeraria, embriaguez, circular sin casco, uso indebido de las vías); reordenamiento del transporte en motocicletas con corredores, límite de uso en determinadas vías de alto riesgo y fomentar alternativas seguras de transporte público; crear un sistema de estadísticas unificado y confiable, que permita medir con precisión la magnitud del problema; campañas nacionales de prevención, sostenidas en medios de comunicación, redes sociales e instituciones comunitarias.
Conclusión
No podemos normalizar esta tragedia. Cada día que pasa, más familias dominicanas se suman al luto, a la discapacidad o a la pobreza por culpa de un sistema vial caótico, sin políticas públicas firmes.
Los accidentes de tránsito son un cáncer social que corroe nuestras comunidades. Afrontarlos con decisión no es solo una necesidad, es un deber moral y patriótico.
