La deuda pública consolidada de República Dominicana volvió a superar los US$73,000 millones al cierre del primer trimestre de 2025. En números concretos, los compromisos del Estado suman US$73,084.9 millones, lo que equivale al 57.8% del producto interno bruto (PIB).
Esta cifra marca un salto notable respecto a los años previos a la pandemia, cuando la deuda era de US$42,077.2 millones (2019). En apenas seis años, el país prácticamente duplica sus obligaciones financieras, un ritmo de expansión que plantea serios retos macroeconómicos.
El crecimiento responde en gran medida al endeudamiento externo, que representa alrededor de tres cuartas partes del total de la deuda del sector público no financiero. A marzo de este año, ese componente alcanzó los 43,843 millones de dólares. El predominio de pasivos en moneda extranjera significa que el país depende de forma creciente de los mercados internacionales de crédito y de las condiciones impuestas por acreedores, multilaterales y bonistas.
El endeudamiento tiene efectos directos sobre la estabilidad macroeconómica. En principio, el acceso a recursos externos permite financiar proyectos de inversión y sostener el gasto corriente del Gobierno. Sin embargo, entre enero y marzo de 2025, los desembolsos externos ascendieron a 3,030 millones de dólares, de los cuales apenas 218 millones se destinaron a proyectos productivos, mientras más de 2,800 millones se utilizaron para apoyo presupuestario. En otras palabras, la mayor parte del endeudamiento se emplea para cubrir déficits inmediatos, no para ampliar la capacidad productiva.
La composición en divisas añade riesgos cambiarios. Hoy, el 84.7% de la deuda externa está en dólares. Una depreciación del peso encarecería de inmediato el servicio de la deuda, presionando las reservas internacionales y comprometiendo la estabilidad cambiaria. En un contexto global marcado por tasas de interés más altas, el costo del financiamiento externo aumenta, lo que reduce el margen fiscal y encarece las emisiones futuras de bonos soberanos.
El endeudamiento también incide sobre la percepción de riesgo del país. Si los mercados observan un incremento sostenido de la deuda sin señales de consolidación fiscal, exigirán mayores tasas para financiar nuevos compromisos. Esto se traduce en un círculo vicioso de más deuda y más altos costos de financiamiento. En este sentido, la República Dominicana todavía mantiene un perfil relativamente sólido frente al promedio latinoamericano, pero su tendencia ascendente preocupa a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que llama al país a fortalecer sus ingresos fiscales y contener el gasto público.
La experiencia internacional demuestra que la deuda no es negativa en sí misma si se maneja con prudencia y se dirige hacia proyectos que generen crecimiento y divisas. El problema radica en usarla de manera recurrente para cubrir gastos corrientes, sin que se produzca un incremento proporcional en la capacidad de pago. Nos dicen que no hay fondos suficientes para concluir la jornada fiscal actual, pero lo que no nos explican es hacia dónde fue cada dólar de esa deuda que, al final, terminamos pagando todos.
La transparencia no puede limitarse a cifras en un boletín; exige rendición de cuentas real, con claridad sobre qué proyectos se financiaron, qué beneficios trajeron y quién se responsabiliza por su ejecución. Cuando los compromisos financieros del país crecen a tal ritmo, no basta con hablar de déficits y balances. Es perentorio mostrar con honestidad cómo se administra el sacrificio colectivo. Porque la deuda no es abstracta ni ajena. Si el Estado pide más esfuerzos, también debe dar más explicaciones, porque la confianza de un pueblo no se sostiene con promesas, sino con cuentas claras.
