Con el objetivo de eficientizar el sistema eléctrico y combatir la “ola de apagones” que azotan a República Dominicana, el presidente Luis Abinader declaró de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras que realicen las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), y que, durante un año, gestionarán los servicios como procedimientos de excepción como dispone la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
También, el mandatario declaró de interés nacional la ampliación de la matriz de generación eléctrica, a los fines de cubrir el incremento súbito de la demanda eléctrica en el país, de acuerdo con el Decreto 517-25 firmado por el jefe de Estado, al especificar que las compras y contrataciones de emergencia están dirigidas a “incrementar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad de la red eléctrica, suplir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y fortalecer el almacenamiento de energía”.
Con este propósito, la orden del Poder Ejecutivo promete garantizar “la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, así como la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas distribuidoras de electricidad”.
En ese sentido, el Decreto presidencial dispone la expansión de la capacidad de generación de electricidad mediante la incorporación de nuevas unidades de generación térmicas, a ser contratadas, gestionadas u operadas directa o indirectamente por las empresas distribuidoras de electricidad, -Edesur Dominicana (Edesur), Edenorte Dominicana (Edenorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (Egepc) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid)-.
Así mismo, con la declaratoria de emergencia nacional, el Decreto otorga a las EDE y Egepc la planificación, contratación, construcción e instalación de plataformas de almacenamiento de energía eléctrica de tipo independiente (stand-alone) o bancos de baterías, en las facilidades de generación a ser incorporadas mediante la contratación, gestión u operación directa o indirecta por parte de las empresas distribuidoras de electricidad.
Asimismo, establece la compra de equipos, repuestos, materiales y facilidades destinados a la prestación del servicio de distribución, transformación de energía, medición y cobro del suministro eléctrico, así como la contratación de proyectos de rehabilitación y expansión de las redes de distribución.
También, los contratos para reducción de pérdidas, acuerdos para la gestión de la demanda de los Usuarios No Regulados; por parte de la Edesur, Edenorte, Edeeste, con el objetivo de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de las mismas.
“La contratación de trabajos de consultoría, asesoría, asistencia técnica, servicios jurídicos, diseños, análisis financieros, estudios técnicos de ingeniería y geología o de impacto ambiental, que sean necesarios para la puesta en marcha y ejecución de las compras y contrataciones que se declaran de emergencia en virtud del presente decreto y en base a los propósitos de la misma”, establece como repuesta a la comunicación identificada con el número INT-MEM-2025-13188, suscrita por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en relación a la declaratoria de emergencia del subsector eléctrico, recibida el 3 de septiembre de 2025, y los informes relativos a la situación.
El Decreto dispone que todos los procesos dispuestos deberán ejecutarse con la celeridad que amerita la situación de emergencia, con el objetivo de dotar al SENI de capacidad adicional firme, flexible y de rápida respuesta, que garantice la continuidad y estabilidad del suministro de electricidad a nivel nacional.
“Estos procedimientos de contratación por excepción deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en la materia de contrataciones públicas”, uno de los párrafos del Decreto.
Las instituciones indicadas deberán rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas.
