La energía es el elemento esencial para el movimiento de la materia, sea cual sea su forma y en cualquier dirección. Por eso, el acceso a una energía confiable y asequible se considera un motor del desarrollo social y económico, ya que permite mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades y aumentar la productividad. Una sociedad sin una estrategia sostenible que garantice el suministro de energía para todos no puede desarrollarse adecuadamente.
En mi opinión, la mayor crisis que enfrenta nuestro país es la producción y distribución de energía. El gobierno no tiene claras sus prioridades y ha venido tomando medidas populistas y desacertadas que nos hunden cada vez más en una situación que afecta a toda la sociedad.
El simple hecho de haber decretado el estado de emergencia mediante el Decreto 517-25 deja en evidencia que no existía un plan estratégico para mejorar el servicio eléctrico. Y eso, a pesar de que con la entrada en operación de Punta Catalina se había dado un gran salto: reducción de pérdidas, disminución de costos y suministro de 24 horas de energía a la población a mitad de precio. Todo esto ocurrió a pesar de las protestas de la “Marcha Verde”, financiada en gran medida por productores privados que vendían su energía al Estado a precios inflados.
Funcionarios del área de energía y minas han insistido en hablar de corrupción en la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), sin poder probar nada. En cambio, sí han cometido errores gravísimos y muy costosos para el pueblo: la ineficiencia en la compra del carbón, el descuido y los malos manejos de las calderas de la planta. Estos fallos han resultado más dañinos y caros que los supuestos actos de corrupción que denuncian, con el agravante de que ellos mismos no rinden cuentas ante la Justicia.
Las pérdidas del sector ya se habían reducido de manera constante hasta llegar a unos 450 millones de dólares en 2020. Sin embargo, las improvisaciones, la falta de planificación y las decisiones equivocadas han generado pérdidas para la sociedad por más de 2,000 millones de dólares (RD$128,000 millones). Es decir, casi lo que costaría construir otra planta como Punta Catalina, la cual actualmente genera más de 250 millones de dólares en beneficios anuales y más de 300 millones en ahorros.
Mientras tanto, mantienen a la población calmada con populismo, discursos demagógicos y comprando silencios de periódicos y periodistas con el presupuesto nacional. Todo esto mientras endeudan al país para cubrir gastos corrientes, en lugar de hacer las inversiones de capital necesarias y garantizar el mantenimiento de los activos del Estado.
Esa irresponsabilidad solo incrementará el desastre económico que se avecina.
Si las insinuaciones de corrupción en el sector eléctrico ya eran graves, peor será lo que veremos bajo este estado de emergencia decretado por el presidente, sin un plan estratégico concreto que nos saque del mal manejo histórico del sistema eléctrico nacional. Esperemos que haya transparencia en las negociaciones y los contratos en la que van a embarcar al país, sean publicado para su conocimiento.
