El modelo cooperativo en República Dominicana cuenta con una trayectoria de más de 78 años, consolidándose como un proveedor crucial de soluciones socioeconómicas para los sectores más vulnerables. Actualmente, el país registra unas 2,400 cooperativas; de ellas, 607 se encuentran inactivas y 307 no han definido su domicilio, según datos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
El sector agrupa a más de 2.2 millones de asociados, lo que equivale a más del 20% de la población. Si bien existen cooperativas de gran solidez, como las afiliadas a la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), la heterogeneidad en la gestión y el manejo institucional expone al sector a múltiples desafíos.
La falta de una regulación moderna y la vigencia de una ley obsoleta emergen como el principal obstáculo, o “talón de Aquiles”, según un reciente informe del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Estas debilidades frenan su capacidad de desarrollo y limitan la adaptación a las dinámicas y exigencias contemporáneas.
Las dificultades para acceder a financiamiento competitivo y sostenible se suman a los puntos críticos. A esto se agregan problemas de gobernanza y gobernabilidad, reflejados en deficiencias de gestión, una marcada falta de transparencia y una fuerte resistencia al relevo generacional en los órganos directivos.
Cibeles Jiménez, experta en gestión integral de riesgo y fundadora de Ribels, subraya la importancia de las cooperativas como pilares de inclusión financiera y desarrollo social en República Dominicana. Sin embargo, advierte que su sostenibilidad futura está ligada a una gobernanza robusta y profesionalizada.
“El estudio acierta al señalar que no basta con cumplir formalmente los procesos: se requiere fortalecer la rendición de cuentas, la capacitación de los órganos de dirección y la adopción de estándares internacionales que conviertan la gobernanza en un generador de confianza y valor”, enfatiza Jiménez.
Desde su perspectiva, la clave está en que las cooperativas entiendan la gobernanza no como una obligación externa, sino como una herramienta estratégica para impulsar su crecimiento, atraer nuevos socios y garantizar que cada decisión se tome con visión de futuro y sentido de responsabilidad colectiva.
El informe también resalta la baja integración y cooperación entre las propias cooperativas. Esta falta de sinergia limita la creación de redes de apoyo mutuo y, en consecuencia, el fortalecimiento del sector. A esto se suma una preocupante carencia de educación y conocimiento sobre los principios y valores del cooperativismo, tanto entre los socios como entre los dirigentes, lo que repercute directamente en la aplicación de dichos principios y afecta la esencia del modelo.
En materia de financiamiento, se señala que los obstáculos principales radican en el bajo grado de formalización y el incumplimiento de requisitos administrativos. La situación se agrava por el endeudamiento excesivo de algunos socios, muchas veces vinculado a su afiliación en múltiples cooperativas sin una regulación clara. Además, el sector carece de datos estadísticos actualizados y confiables, lo que dificulta diagnósticos precisos y la implementación de políticas efectivas.
“Aunque muchas cooperativas consideran que el simple cumplimiento del decreto de incorporación es suficiente, en realidad esto deja de lado otros aspectos de la formalización”, advierte el documento, que tomó como muestra 16 cooperativas, cuatro en cada una de las provincias Duarte, Samaná, El Seibo y San Pedro de Macorís.
Un reto adicional es el endeudamiento excesivo de los socios y la carencia de un plan de desarrollo para el sector.
Propuestas para fortalecer al sector
Ante estos desafíos, el informe del MICM plantea varias recomendaciones para fortalecer el sector, centradas en la formación y desarrollo de capacidades, la mejora de la gobernanza, el fomento de redes intercooperativas, la formalización, la innovación y digitalización, y la educación cooperativa.
Se destaca la importancia de la educación continua en principios cooperativos, gestión transparente y gobernanza democrática, así como el fortalecimiento de las capacidades de directivos y socios mediante capacitación y herramientas tecnológicas.
En cuanto a gobernanza, se exhorta a reforzar la gestión, fomentar la confianza y la transparencia a través de la rendición de cuentas, y formalizar procesos financieros con sistemas contables claros y planes estratégicos que faciliten el acceso a crédito. El MICM enfatiza la necesidad de que las cooperativas dominicanas formalicen aspectos como registros y permisos sectoriales.
