Los subsidios son una herramienta legítima de política pública cuando atienden necesidades reales o corrigen fallas de mercado. No obstante, su uso indiscriminado y la ausencia de depuración convierten esos apoyos en incentivos perversos que socavan la productividad individual y colectiva.
Pienso, y asumo la responsabilidad total, un país hipersubsidiado tiende a llenarse de falencias que, a la larga, lo harán improductivo. Cuando un ciudadano recibe transferencias recurrentes sin criterios claros de focalización, disminuye su incentivo a buscar empleo formal, capacitarse o adoptar comportamientos productivos.
La asistencia, concebida como red de protección temporal, corre el riesgo de transformarse en dependencia cuando se vuelve permanencia. En nuestro país la proliferación de programas sociales y exenciones fiscales muestra un patrón preocupante: ayudas dispersas, poco focalizadas y con controles limitados. Esa práctica no solo genera inequidad, al beneficiar a quienes no lo necesitan, sino que distorsiona señales fundamentales del mercado laboral. No podemos soslayar que en muchos subsidios entra disfrazado el elemento político.
El salario, en última instancia, tiende a reflejar la productividad del trabajador, pero esa productividad se ve influida por factores institucionales y por incentivos. Si la renta segura proviene del subsidio, la presión para mejorar habilidades, asumir riesgos empresariales o integrarse a cadenas productivas disminuye. Haciendo el paralelismo, resulta lo mismo que una economía planificada: un fracaso.
En nuestro país no son solo los hogares los que reciben apoyos. Todos los sectores económicos perciben, de una u otra manera, alivios fiscales, exenciones o subsidios encubiertos. Empresas con ventajas fiscales prolongadas o protecciones reguladoras pueden volverse menos competitivas a largo plazo.
Y estoy claro en una cosa: si se sostiene a actores poco eficientes, el proceso de selección del mercado se altera y la reubicación de recursos hacia actividades más productivas se frena. El resultado es un crecimiento potencial menor y una base tributaria erosionada.
Desde la perspectiva fiscal, la proliferación de subsidios obliga al Gobierno a destinar recursos crecientes a transferencias y exenciones, reduciendo su capacidad para invertir en infraestructura, educación y salud, que son clave para elevar la productividad. Al mismo tiempo, ingresos menores complican la sostenibilidad fiscal y aumentan la presión por nuevas cargas impositivas, que suelen recaer sobre los sectores formales y productivos, cerrando un círculo perjudicial.
La evidencia y el sentido común convergen en una idea central: la productividad no solo nace de factores individuales, sino del marco de incentivos y de políticas. Alinear el diseño de los subsidios con objetivos de largo plazo, formalización, empleo y competitividad, convierte la asistencia en palanca de movilidad y desarrollo, en lugar de fuente de dependencia improductiva. Solo así podrá elevarse el salario real de los trabajadores conforme a su productividad, tal como subraya el CREES, y construirse una economía más dinámica y sostenible.
