“La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo”. Nelson Mandela.
Con el aplazamiento de la modernización de las políticas fiscales necesarias para la República Dominicana, algunas intervenciones estratégicas han pasado al banco de acciones futuras. Con el pensamiento puesto en la construcción del bienestar colectivo, este escrito propone una alianza público-privada como solución a la gran asignatura pendiente de transferir competencias hacia los gobiernos locales. La primera fase podría surgir de los trabajos de grado de los estudiantes que actualmente se forman en municipalidad en el país.
Para la sostenida transformación de la municipalidad se plantea una intervención educativa sustentada en tres pilares. El primero es la caracterización vivencial mediante la mirada conjunta de maestros y estudiantes. El segundo, los casos de estudio, que cada municipio sea objeto de análisis y propuestas de mejoras. Y el tercero, un laboratorio de ideas y soluciones capaz de vincular la formación académica con la realidad territorial.
El aspiracional de la sociedad dominicana debe ser la educación continuada de los municipalistas para una gestión estratégica y eficiente de los recursos económicos. Entre los entregables de esta alianza podrían incluirse la detección de los niveles actuales de competencias técnicas y profesionales en las áreas de planificación y desarrollo, finanzas, control interno, compras y contrataciones, recursos humanos y tecnología. También, la elaboración de planes de capacitación orientados a alcanzar los niveles esperados, el fortalecimiento de los manuales de cargos y funciones, y la actualización de los indicadores del SISMAP Municipal, con métricas para los planes de desarrollo regional basados en el aprovechamiento sostenible de las bondades locales.
Ese aprovechamiento implica planificar el ordenamiento territorial desde la raíz del factor de riesgo, ejercer control sobre las zonas de expansión urbana y proteger las demarcaciones claves. El contexto actual favorece la especialización práctica de los estudiantes, quienes pueden aportar recursos humanos calificados a las oficinas de planeamiento urbano y contribuir a mejorar la gestión local.
La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, crea Sistema Nacional de Información Territorial, un instrumento que puede desarrollarse aprovechando el talento académico, integrando estudiantes de tecnologías de la comunicación y de municipalidad con el acompañamiento de los docentes y la entidad rectora de la implementación, poniéndose de manifiesto el principio del encadenamiento productivo.
Otro gran desafío es la generación de recursos propios. En las aulas he sido testigo del planteamiento de propuestas innovadoras de los estudiantes, como el fortalecimiento de las fiscalizaciones de obras, que, además de garantizar seguridad y el ordenamiento territorial, pueden convertirse en fuente legítima de los denominados ingresos propios municipales.
Este modelo fomenta la responsabilidad social multiplica el retorno de la inversión nacional en educación y eleva la competitividad de los futuros profesionales de la gestión local.
Para completar el ciclo, dos elementos resultan esenciales. En primer lugar, el Gabinete de Descentralización junto a los actores de la sociedad civil de cada municipio debería fungir como juez evaluador de las propuestas surgidas del proceso educativo, de modo que puedan transformarse en políticas públicas articuladas. Este sería además un espacio privilegiado de capacitación en planificación y debate de ideas para estudiantes y líderes locales. En segundo lugar, la contraloría social debe desempeñar su papel como garante de la continuidad de los modelos que apuestan por transformaciones estructurales.
Los modelos de transformación económica y social se sustentan, en última instancia, en el desarrollo humano. La propuesta aquí esbozada incide de manera directa en ese bien supremo, vital para la trayectoria de crecimiento que aspiramos como nación. Si este modelo se implementara, ¿no estaríamos creando las condiciones para establecer los puestos de carrera local como impulso inicial de continuidad de gestión?
