La corrupción provocó un terremoto político en Brasil en 2016, con denuncias que citaron al presidente Michel Temer y a los dos primeros en la línea de sucesión, y promete una réplica mayor en 2017, cuando se conocerán las denuncias de decenas de implicados que aceptaron colaborar con la Justicia.
“Si la primera de esas delaciones que se filtró complicó a varios políticos, incluyendo a personas en el núcleo del poder, con certeza cuando salgan en 2017 los demás testimonios podrán poner en jaque a hasta 200 políticos, que es el número de implicados con el que se viene especulando”, dijo hoy a Efe el analista José Mathias-Pereira, profesor de la Universidad de Brasilia (UnB).
Tales testimonios son las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht que, a cambio de reducciones en sus futuras condenas, aceptaron colaborar con la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
Los desvíos en la petrolera, destapados hace dos años con la ayuda hasta ahora de 70 delaciones premiadas, han generado 23 diferentes procesos penales y mandado a prisión, ya condenados, a 83 personas, entre ejecutivos de importantes empresas, ex altos cargos de la estatal y unos pocos políticos.
Según Mathias-Pereira, se trata de la punta del iceberg de lo que puede surgir con las revelaciones de los ejecutivos de Odebrecht, empresa que admitió públicamente haber obtenido de forma fraudulenta contratos en los más diversos sectores y haber financiado ilegalmente decenas de campañas políticas.
“Por la dimensión, ya que se trata de 77 ejecutivos de la mayor contratista de Brasil, con seguridad tendrán un fuerte impacto en la política del país. El escenario muestra que 2017 será un año políticamente muy tenso y muy complicado”, afirmó Mathias-Pereira, un analista especializado en presupuesto público y corrupción.
Según han adelantado algunos medios, los ejecutivos de Odebrecht confesaron con lujo de detalles los sobornos pagados a unos 200 políticos a cambio de su intermediación en la obtención de contratos con Petrobras y otros organismos y empresas públicas.
Entre los que pueden ser alcanzados por las denuncias destacan Temer, varios de sus ministros e influyentes parlamentarios de todos los partidos, oficialistas y opositores.
Los dirigentes de la constructora al parecer también detallaron las donaciones ilegales a la campaña que en 2014 llevó a la reelección de Dilma Rousseff, la presidenta destituida en agosto y sustituida por Temer, su antiguo compañero de fórmula electoral.
Una de las 77 delaciones, la del ex director de Relaciones Institucionales de Odebrecht Claudio Melo, fue filtrada por la prensa este mes y puso en alerta al Gobierno ya que salpicó a Temer y provocó la inmediata renuncia de uno de sus principales asesores.
De acuerdo con lo divulgado por la prensa, Melo dijo ante la Fiscalía que Temer pidió a la empresa 10 millones de reales (unos 3 millones de dólares) para las campañas electorales en 2014 del hoy gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que presidía en esa época.
Otros salpicados por la declaración de Melo son el poderoso ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, y el secretario del plan de privatizaciones del Gobierno, Wellington Moreira Franco, estrechos colaboradores y amigos de Temer.
El escándalo de Petrobras derrumbó este año a los dos primeros en la línea de la sucesión a la Presidencia.
El destituido diputado Eduardo Cunha, que presidía la Cámara baja y era el primero en la línea de sucesión, aguarda en prisión por varios juicios y fue sustituido por Rodrigo Maia, cuyo nombre también figura entre los que posiblemente recibieron coimas de Odebrecht.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, segundo en la línea de sucesión y blanco de una decena de investigaciones y de un proceso, consiguió conservar el cargo pero la Corte Suprema ya se pronunció contra la posibilidad de que pueda asumir la Presidencia.
De los escándalos por corrupción no se salvó ni el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, tal vez el político más popular en la historia de Brasil y que este año se convirtió en procesado en cinco juicios, tres de ellos vinculados al caso de Petrobras.
El juicio político que concluyó este año con la destitución de Rousseff, la ahijada política de Lula, fue apoyado en las calles por millones de brasileños hastiados con la corrupción que quieren “que se vayan todos”.
Rousseff puede ser incluida en la lista de los salpicados si el Tribunal Superior Electoral (TSE), como lo prometió, concluye en el primer semestre de 2017 el juicio por la financiación ilegal de la campaña en la que fue reelegida junto a Temer.
El magistrado Gilmar Mendes, responsable por el juicio, anticipó que en tal proceso pueden ser incluidos los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht que traten sobre donaciones ilegales.
Una posible condena contra Rousseff por financiación ilegal también pudiera provocar la destitución de Temer, si la Justicia decide que ambos son corresponsables por las cuentas electorales.
