El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo que la reestructuración de la multimillonaria deuda de la isla caribeña debe atenderse bajo el Título III de la Ley Promesa.
Las palabras de García Padilla, divulgadas en un comunicado, siguen a las declaraciones de este jueves de miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, entidad establecida por la Ley Promesa, aprobada el pasado junio por el Congreso en Washington, sobre que la reestructuración de la deuda de la isla se abordará mediante el Título VI de esa norma.
“La Junta de Supervisión Fiscal expresó hoy que aspiran a ‘hacer lo correcto con la comunidad de acreedores’ mediante una renegociación voluntaria de la deuda bajo el Titulo VI de Promesa. Esta pretensión es incompatible con las expresiones de la propia Junta tan reciente como hoy, pues con sus cálculos validó nuestros reclamos sobre la precariedad de la situación fiscal de Puerto Rico”, indicó el jefe del Ejecutivo.
“Su cálculo (de la Junta) de un déficit de 67,000 millones de dólares en los próximos 10 años demuestra que una reestructuración bajo el Título III de Promesa es inevitable”, señala García Padilla en el comunicado.
El gobernador saliente indicó que si Puerto Rico no busca la protección del Título III antes de que termine la paralización de las demandas el 15 de febrero de 2017 que establece Promesa, el Gobierno se quedará sin dinero y los servicios esenciales prestados a la población se verán severamente afectados.
“Confío en que el nuevo Gobierno -que liderará Ricardo Rosselló- se opondrá a cualquier esfuerzo a través del Título VI, buscará una reestructuración de toda la deuda bajo el proceso ordenado de quiebra que dispone el Título III y apoyará nuestro Plan Fiscal que protege a los pensionados, a los empleados públicos y a la Universidad de Puerto Rico”, indicó García Padilla.
Dijo además que continuará firme en poner “a los puertorriqueños por encima de cualquier otra consideración” hasta el último día de su mandato.
El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, indicó hoy en una conferencia con periodistas que la entidad que encabeza pretende disponer de un plan fiscal que establezca un proceso de negociación pactado con los acreedores bajo el título VI de la ley Promesa.
Dijo que el nuevo Gobierno encabezado por Rosselló deberá poner en marcha un programa de reformas fiscales a la vez que se entablan conversaciones con los acreedores para reestructurar una deuda que supera los 60.000 millones de dólares.
El título VI de Promesa establece el proceso de renegociación de la deuda partiendo de los distintos grupos de acreedores agrupados en carteras que participen de una negociación voluntaria en el que un acuerdo mayoritario afectaría a todos los demás acreedores.
Lo dicho por Carrión contradice las pretensiones del Ejecutivo de García Padilla, que ha repetido en varias ocasiones que la Junta de Supervisión Fiscal debe recurrir al título III de Promesa.
El anterior título establece que no se presenten demandas judiciales por parte de los acreedores hasta que lo determine la Junta de Supervisión y que son los tribunales los encargados de establecer la cantidad a pagar.
