El modelo cooperativo República Dominicana es un sector fundamental para ofrecer soluciones socioeconómicas a las comunidades más vulnerables. Con aproximadamente 2,400 cooperativas registradas, de las cuales 607 están inactivas y 307 carecen de un domicilio definido, según el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), el panorama es complejo.
Este sector de economía solidaria agrupa a más de 2.2 millones de asociados, representando el 20% de la población. A pesar de contar con cooperativas robustas, enfrenta una alta vulnerabilidad al lavado de activos y diversos desafíos estructurales, que van desde la fiscalización hasta la modernización de sus normativas.
Diego Peralta, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fencoop), enfatiza la urgencia de actualizar la Ley 127-64, que regula el sector, como un paso crucial para fortalecer su integridad y combatir el lavado de activos de manera efectiva.
“Sí queremos regulación, pero diferenciada del sector bancario”, enfatizó, recordando que el Artículo 42 de la Constitución establece a las cooperativas como parte de la economía popular solidaria. “En las cooperativas, los socios son los dueños; no hay jerarquías”, aclaró Peralta.
Respecto al riesgo de lavado de activos, el presidente de Fencoop destacó que “todo el sistema financiero enfrenta este desafío, no solo las cooperativas”. Aseguró que su enfoque está en promover la cultura de cumplimiento de la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, reafirmando la confianza en las cooperativas.
De su lado, Robert Mustafá, abogado especialista en prevención de lavado de activos, reconoce los riesgos del sector. “La vulnerabilidad del sector cooperativista en el país es extremadamente alta, una de las más altas según el mapa de calor que arrojó el Informe Ejecutivo de Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana (ENR LA/FT)”, expresó Mustafá a elDinero.
Durante el seminario “Cumplimiento Cooperativo 360°: Preparándonos para la Evaluación GAFILAT 2027”, organizado por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fencoop), con apoyo del Idecoop, en Santo Domingo, Mustafá detalló que el sector enfrenta debilidades estructurales en su órgano de supervisión y en la modernización de su marco regulatorio, regido por la Ley 127-64.
“El Idecoop necesita fortalecerse. También el marco regulatorio ha quedado obsoleto, añejo con relación a los años; debe modernizarse. Además, existe una falta de cultura de cumplimiento por parte de muchos miembros del sector cooperativo, de muchas cooperativas que no están haciendo su trabajo como se espera, y eso impacta sistémicamente al sector”, enfatizó el abogado experto en cumplimiento.
En tanto, Katia Morales, encargada del Departamento de Cumplimiento del Idecoop, señaló que, para combatir la alta vulnerabilidad del sector cooperativista al lavado de activos, es necesario implementar la digitalización, cuantificar cuántas son y, sobre todo, promover mejores prácticas.
Morales destacó la “robustez” del sector en temas de prevención del lavado de activos. “Ahora bien, sí tenemos que acercarnos, y sí había un desconocimiento de la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
“Ustedes saben que el sector ha estado de la luz a la sombra en estos últimos años, porque todos los sectores han estado expuestos, si no por casos aislados, quizás por personas burlando la supervisión”, reconoció, al asegurar que la entidad trabaja para fortalecerse, lo que permitirá mejorar al sector.
Actualmente, anunció que el Idecoop está trabajando en un censo nacional de las cooperativas para que esa información sea “puntera, transparente y que el país conozca cuáles son las cooperativas de mayor robustez y cuáles son las áreas de mejora”.
Morales enfatizó la necesidad de mayores recursos financieros, humanos y tecnológicos en el Idecoop. “Necesitamos un enfoque basado en riesgo real, y es parte de lo que estamos haciendo”, precisó.
Informe
Respecto al reciente señalamiento que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI), Robert Mustafá, abogado en prevención de lavado, precisó que el propio sector reconoce la urgencia de esta reforma y que ha habido intención, pero que se necesita voluntad política para modernizar la ley debido a intereses de por medio.
El FMI sugirió al Gobierno dominicano la adopción de una nueva ley de regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, con el objetivo de fortalecer la vigilancia contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo.
