Es ampliamente reconocido que vivimos bajo los impactos crecientes del cambio climático. Surge entonces la pregunta: ¿cuáles instituciones locales deben fortalecerse para prevenir sus efectos y responder con eficacia ante los desastres que provoca? La clave no está solo en inyectar capital sino en definir por evaluación de riesgos los rubros de inversión, equilibrando las demandas urgentes del presente con las que anticipan el porvenir.
Trabajar con visión de futuro significa evitar un modelo de gestión limitado a “apagar fuegos”. Precisamente, uno de los pilares de la resiliencia territorial son los Cuerpos de Bomberos. Aunque en los últimos años han recibido aportes relevantes, aún no alcanzan la velocidad de respuesta que exigen los tipos de emergencias actuales y las futuras.
Se requiere un plan integral de profesionalización que abarque desde la definición de un pensum académico especializado hasta la tecnificación de estaciones locales, pasando por la adecuación del número de oficiales en función de la densidad estructural de cada territorio.
De igual manera, la Defensa Civil debe robustecerse para responder a los retos presentes y futuros. Es necesario superar la alta proporción de voluntarios frente a colaboradores fijos y altamente capacitados. Como institución llamada a trabajar de la mano con los gobiernos locales, debe contar con tecnología avanzada para la prevención, el monitoreo y la gestión oportuna de riesgos.
La zonificación territorial es otro eje estratégico. Contribuye a la seguridad ciudadana, a la convivencia pacífica, al ordenamiento del espacio y a la reducción de vulnerabilidades, elementos críticos para resistir el embate de fenómenos climáticos. Educación y economía encuentran aquí un sustento que debe orientar la acción ciudadana en los municipios.
Sin embargo, hemos caído en un círculo autodestructivo: los gobiernos locales reclaman más fondos para enfrentar crisis, mientras el gobierno central condiciona la transferencia de recursos. Los alcaldes alegan que no pueden solo administrar déficit; el Ejecutivo, que debe velar por un uso correcto del dinero público.
Este desencuentro resta eficacia y limita la acción estratégica. Por ello, se hace indispensable acompañar a los gobiernos locales en la definición de lo que podrían ser las tres dimensiones de un municipio efectivo: priorización de demandas actuales, planificación de demandas futuras y fortalecimiento de competencias, todo dentro de un plan estratégico regional de desarrollo.
Un ejemplo lo encontramos en la Región Enriquillo. Si la meta es llevar su desarrollo al próximo nivel, convirtiendo a Barahona en un centro de especialidades médicas que atienda tanto el Proyecto Cabo Rojo en Pedernales como a las provincias cercanas, esa gestión de futuro no puede quedar solo en los planes del gobierno central. Debe incorporarse también al currículo educativo y a la planificación de cada alcaldía de la región. De lo contrario, un modelo centrado en la dimensión alimentaria atendería lo inmediato, pero dejaría fuera los aspectos esenciales para lograr la transformación.
El Plan de Inversión Pública permitiría otros ejercicios similares de reflexión para otras provincias y regiones.
Reconozco que ha sido un esfuerzo significativo de articulación territorial, integrando acciones económicas y sociales que aprovechan las bondades y ubicación geográfica de cada región. Hasta el 2022, más allá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no habíamos contado con una visión de nación a largo plazo. La experiencia posterior, vinculada a las Metas RD 2036, constituye en mi opinión el segundo gran plan de nación, con acciones concretas.
Hoy existe un trayecto claro. Conjugar esfuerzos y dotar a la gestión municipal de herramientas para el presente y el futuro es el siguiente paso imprescindible para gobernar con resiliencia desde el territorio.
