La Ley 30-24 marca el mayor intento del Estado dominicano por convertir la logística en un verdadero motor de desarrollo, con un marco institucional unificado que elevó el sector a política de Estado y eliminó la dispersión regulatoria histórica, consolidando así la ambición nacional de convertirlo en pilar estratégico y base del futuro hub logístico del Caribe.
Tras su primer año de ejecución, el país exhibe cifras inéditas en inversión, empleo y movimiento de carga, reflejo de la confianza que genera una normativa que simplifica procesos críticos y reduce la incertidumbre operativa.
Sin embargo, el avance no está exento de tensiones: el régimen fiscal especial sigue generando debates sobre posibles distorsiones competitivas, mientras que los persistentes cuellos de botella en infraestructura, digitalización y conectividad amenazan con frenar el impulso alcanzado.
En un Caribe donde Panamá aún lidera con holgura, República Dominicana ha logrado acortar distancias, pero consolidar su aspiración de convertirse en el principal hub logístico regional dependerá de su capacidad para transformar la ambición normativa en eficiencia real, y las reformas legales en resultados sostenibles.
El nuevo marco jurídico ha catalizado inversiones sin precedentes y proyectos estratégicos de alto impacto. La expansión del Puerto Multimodal Caucedo —US$760 millones, 3.1 millones de TEU —unidad que equivale a un contenedor estándar de veinte pies (twenty-foot equivalent unit)— y 225 hectáreas de zona franca— refuerza el posicionamiento del país en el comercio marítimo internacional.
A ello se añade la apertura del Punta Cana Free Trade Zone, con una inversión superior a US$200 millones y más de 10,000 empleos. Estas iniciativas, junto con la modernización del Puerto de Manzanillo, delinean un ecosistema logístico en rápida expansión que atrae capital extranjero y eleva la competitividad del país en las cadenas globales de valor.
Las cifras respaldan este dinamismo. El sector logístico aportó aproximadamente 3% del PIB en 2023 y podría alcanzar 3.8% en 2034, superando a industrias tradicionales. En el mercado laboral, el crecimiento ha sido extraordinario: de 48,000 empleos en 2012 a 162 mil en 2023 (+236%), con una proyección cercana a 196,000 para 2034. La formalidad del 70% evidencia la creciente demanda de talento especializado en operaciones portuarias, gestión de almacenes, transporte de carga y analítica logística.
En el ámbito comercial, República Dominicana se consolida como plataforma regional de transbordo y redistribución. El tránsito de mercancías alcanzó 771,930 TEU en 2021 (+60% respecto a 2019). Los cinco centros logísticos autorizados y las 33 empresas operadoras movilizan más de US$2,000 millones al año, ampliando la participación del país en sectores de alto valor agregado como farmacéuticos, electrónica y manufactura ligera. Este posicionamiento confirma que la Ley 30-24 ha permitido al país entrar formalmente en la competencia regional por el liderazgo logístico.
Uno de los elementos más debatidos de la normativa es su régimen fiscal. La ley permite acogerse al régimen general o a los incentivos de zonas francas; y en la práctica, la mayoría opta por este último, exento de aranceles e impuestos nacionales en operaciones internacionales.
Para compensar, se creó un gravamen del 3.5% para mercancías que, tras pasar por un centro logístico, se destinen al mercado local. Si bien esta tasa busca equilibrio entre competitividad y protección fiscal, existen riesgos de arbitraje frente al ITBIS del 18%, lo que, por supusto, podría afectar a productores nacionales.
Aun así, la DGA logró en 2024 su mayor recaudación histórica, señal de que los incentivos no han deteriorado la base tributaria. El gran desafío será medir entre 2024 y 2026 el balance entre impuestos sacrificados y actividad económica inducida, a fin de ajustar el régimen sin afectar la confianza inversionista.
No obstante, una ley por sí sola no transforma un sistema logístico. El país enfrenta barreras estructurales que requieren políticas sostenidas. En infraestructura física, la eficiencia de puertos como Caucedo y Haina contrasta con la fragilidad del transporte interno: congestión, rutas alternas insuficientes y vulnerabilidad energética, factores que elevan costos y erosionan la ventaja geográfica del país.
En digitalización, a pesar de avances como la Ventanilla Única y el programa “Despacho en 24 Horas”, persisten procesos fragmentados, trámites duplicados y falta de interoperabilidad, lo que retrasa la transición hacia una logística eficiente, predecible y competitiva.
El contexto regional aumenta la presión. Panamá mantiene ventajas estructurales difíciles de replicar —Canal interoceánico, zonas especiales, doble litoral—, pero República Dominicana ha reducido brechas gracias a mejoras en conectividad portuaria y costos logísticos. Caucedo figura entre los puertos más eficientes del hemisferio, y el país ya es el segundo del Caribe en competitividad logística, según el BID y la CEPAL.
Sin embargo, la competencia de Colombia y Jamaica continúa intensificándose, reforzando la urgencia de consolidar ventajas reales en costos, tiempos y confiabilidad.
La evidencia del primer año post-Ley 30-24 demuestra que el país se encuentra ante una oportunidad histórica. La combinación de inversión estratégica, talento especializado e integración a las cadenas globales coloca a República Dominicana en un momento bisagra.
Pero el éxito dependerá de avanzar simultáneamente en tres frentes esenciales:
• infraestructura resiliente,
• digitalización integral y facilitación aduanera avanzada,
• y formación de capital humano de alto nivel.
Solo así la Ley 30-24 podrá pasar de promesa ambiciosa a transformación estructural duradera. De lo contrario, existe el riesgo de que quede atrapada en un entorno incapaz de sostener la visión que le dio origen.
