Por: Robert Mustafá
El Global Organized Crime Index 2025 vuelve a colocar a la República Dominicana en una posición incómoda: 5.17 en criminalidad, cuarto lugar en el Caribe y con una resiliencia que sube, pero no lo suficiente como para compensar el empuje del crimen organizado. El Índice no es un ejercicio aislado: se elabora bajo el paraguas de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, con apoyo del programa Enact —financiado por la Unión Europea e implementado junto a Interpol y el Institute for Security Studies— y con aportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos para las ediciones 2021, 2023 y 2025. Es decir, es un diagnóstico que observa el país desde una plataforma global, con estándares globales.
Su metodología es precisa: combina datos verificables, análisis de fuentes abiertas, investigaciones independientes y validación por expertos regionales, para luego construir una lectura estructural sobre dos dimensiones: cómo operan los mercados ilícitos y cuánta capacidad real tiene el Estado para enfrentarlos. Es un mecanismo que no especula: procesa evidencia y la convierte en narrativa analítica. O, dicho en lenguaje más llano: El dato mató el relato.
¿Y qué revela esa narrativa sobre nosotros? Que los mercados ilícitos siguen creciendo donde más duele: trata y tráfico de migrantes, narcotráfico, contrabando, armas ilegales, bienes falsificados, delitos ambientales, fraudes financieros y explotación de vulnerabilidades económicas. Que las redes criminales —locales, transnacionales e híbridas— se adaptan más rápido de lo que se adapta la respuesta del país. Que la frontera con Haití continúa siendo un acelerador crítico del riesgo. Y que la corrupción sigue siendo el lubricante silencioso que permite que todo esto funcione.
Nada de esto contradice lo que estableció el Informe Ejecutivo de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana (2015-2020): ambos documentos coinciden en que la República Dominicana enfrenta un ecosistema criminal diversificado, con espacios de supervisión limitada y amenazas asimétricas que afectan múltiples sectores. El espejo internacional solo confirmó lo que ya detectamos internamente.
Pero esta vez la advertencia tiene un matiz diferente: no es solo el Estado el que está llamado a reaccionar. El sector privado también está llegando tarde. En un país donde las exportaciones, las importaciones y la logística crecen cada año, donde el turismo sostiene una parte vital del PIB y donde los servicios se han convertido en motor económico, ignorar la aceleración del crimen organizado es jugar a la ruleta rusa con nuestra competitividad internacional.
El comercio global no perdona descuidos. Las cadenas de suministro exigen trazabilidad. Los mercados financieros exigen transparencia. Los organismos multilaterales exigen efectividad. Y la más mínima percepción de riesgo puede cerrar puertas, encarecer operaciones, retrasar inversiones o poner al país en listas que nadie quiere encabezar.
Si el crimen organizado crece más rápido que la capacidad de respuesta del Estado, la factura no la paga solo el Estado: la paga la economía completa. La pagan los entes de comercio, indistintamente de su rubro, así como cualquier empresa que dependa del flujo internacional de bienes, servicios o capital. Peor aún la pudiéramos pagar todos los dominicanos si la economía colapsa.
Por eso el llamado ya no puede ser tímido: República Dominicana necesita reforzar su cultura de cumplimiento de forma inmediata, profunda y sostenida, no para complacer a organismos internacionales o escapar de una sanción administrativa, sino para proteger su propia estabilidad económica. Debemos movernos de la reacción a la reacción. El crimen no espera; el mercado tampoco.
El índice sube y la resiliencia avanza, pero el crimen está corriendo a otra velocidad.
Si el país no acelera hoy —sector público y sector privado por igual—, mañana no estaremos discutiendo cifras: estaremos lidiando con consecuencias.
