El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es un organismo especializado de la OEA que agrupa a casi todos los países del continente americano, incluyendo naciones de América del Sur como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Su misión es fortalecer la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural mediante la cooperación técnica, la innovación y la transferencia de conocimientos en la región.
En ese contexto, el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) se consolida como un foro ministerial clave para la coordinación de políticas agrícolas entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, contando con el apoyo técnico del IICA. Este espacio promueve la integración regional, la seguridad alimentaria y la cooperación fitosanitaria para enfrentar desafíos comunes.
El CAS cuenta además con un órgano técnico denominado Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA), que actúa como instancia regional de apoyo especializado. A través de esta red, los países miembros, junto al Banco Mundial y el IICA, analizan la creación de un mecanismo común destinado a cubrir pérdidas provocadas por sequías, heladas y otros fenómenos climáticos que afectan tanto la producción agrícola como los medios de vida rurales.
En este marco, se estudia la viabilidad de un seguro regional que permita amortiguar los impactos de los eventos climáticos extremos sobre la actividad agropecuaria. Esta iniciativa comenzó a tomar forma en Brasilia, donde representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay participaron en una nueva reunión de la REDPA.
El calentamiento global y sus efectos adversos sobre la agricultura ponen en riesgo la seguridad alimentaria mundial, afectando de manera desigual a los países y golpeando con mayor fuerza a los productores de materias primas, quienes resultan ser los más vulnerables.
El objetivo central es construir un sistema escalable a todo el Cono Sur, con un esquema de gestión a cargo de los ministerios de Agricultura de cada país. La propuesta se basa en la identificación de riesgos con una probabilidad de ocurrencia de uno en veinte años, los cuales serían transferidos a aseguradoras y reaseguradoras internacionales.
Para ello, se analizan parámetros de indexación, modelos jurídicos y mecanismos de activación de pagos que permitan evitar procesos burocráticos extensos y asegurar que los recursos lleguen oportunamente a los productores afectados.
Además del desarrollo de este instrumento de cobertura, la REDPA abordó otros temas prioritarios de la agenda regional, entre ellos la presentación de estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la productividad agropecuaria en América Latina y el Caribe. El diagnóstico es contundente: el gasto público agropecuario en la región equivale apenas al 5 % del PIB agrícola, y la mayoría de los países invierte menos del 1 % en investigación y desarrollo.
Las recomendaciones apuntan a corregir estas brechas y avanzar hacia una arquitectura de políticas públicas que favorezca la resiliencia y el aumento sostenido de la productividad.
En este contexto, la República Dominicana necesita ser más proactiva en la construcción de alianzas con países vecinos que ya impulsan iniciativas orientadas a reducir la incertidumbre frente a problemas comunes que afectan a la región. Esta es, a mi juicio, una vía necesaria para enfrentar con mayores probabilidades de éxito los desafíos recurrentes que impone el clima y otros riesgos sistémicos.
