La República Dominicana reafirmó ante la comunidad internacional su firme apego a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac) y su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional para la recuperación de activos sustraídos al erario público mediante actos de corrupción.
Así lo expresó el doctor Manuel Conde, miembro de la delegación dominicana que encabeza la embajadora Gilka Melendez, así como Delta Paniagua, en representación de la Digeig, durante su intervención en el foro internacional celebrado en Doha, donde destacó que el país ha aprovechado este escenario multilateral para consolidar alianzas estratégicas, estrechar la asistencia jurídica mutua y reforzar los canales de cooperación transnacional orientados a localizar, decomisar y repatriar bienes de origen ilícito.
Conde subrayó que desde el año 2020 la República Dominicana ha transitado de los compromisos declarativos a un régimen efectivo de consecuencias, sustentado en el respeto al Estado de derecho y en la aplicación plena de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como marco común de acción global.
Explicó que este proceso se apoya, en primer lugar, en el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, cuya independencia fue reforzada mediante una reforma constitucional que garantiza autonomía funcional y estabilidad en la designación de sus autoridades, así como la consolidación de la carrera del ministerio público con la designación de una fiscal de carrera como Procuradora General.
En segundo término, destacó la actualización del marco normativo nacional, incluyendo la aprobación de un nuevo Código Penal que tipifica de manera más clara los delitos de corrupción y reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como la promulgación de la ley de extinción de dominio y la legislación para la administración de bienes incautados y decomisados, en consonancia con los estándares internacionales.
Como tercer eje, resaltó la creación en 2021 del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, instancia especializada encargada de litigar la restitución de bienes y valores sustraídos al Estado, en coordinación con el Ministerio Público. Gracias a este esfuerzo, el país ha logrado recuperar más de RD$6,500 millones, mientras se mantienen en curso procesos judiciales por montos considerablemente superiores.
Conde enfatizó que la recuperación de activos constituye una herramienta esencial no solo para resarcir el daño económico al Estado, sino como un mecanismo de disuasión, orientado a garantizar que quienes cometan actos de corrupción enfrenten consecuencias reales, incluyendo la devolución de lo robado y la indemnización de los daños causados.
La República Dominicana continuará fortaleciendo su participación en los espacios multilaterales, ampliando la cooperación internacional y compartiendo buenas prácticas con otros Estados parte de la convención, convencida de que la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos son pilares fundamentales para proteger la democracia, la institucionalidad y la confianza ciudadana.
