El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la permisología ambiental ha experimentado avances significativos como parte del proceso de modernización institucional que impulsa la actual gestión, logrando procesos más ágiles, transparentes y eficientes, en beneficio de la ciudadanía, los sectores productivos y el desarrollo sostenible del país.
La permisología ambiental es un proceso fundamental que consiste en la evaluación técnica y ambiental de proyectos, con el objetivo de garantizar que las actividades que se ejecutan en el territorio nacional cumplan la normativa vigente, a fin de asegurar la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este mecanismo no busca frenar el desarrollo, sino asegurar que el crecimiento económico se realice de manera responsable y siguiendo criterios de sostenibilidad.
“Hoy contamos con procesos de permisología ambiental más ágiles, organizados y transparentes, que permiten dar respuestas oportunas a la ciudadanía y a los sectores productivos, sin sacrificar el rigor técnico ni la protección de nuestros recursos naturales.
Esta modernización fortalece la confianza de la población en la gestión ambiental del Estado y reafirma nuestro compromiso de impulsar un desarrollo económico responsable, sostenible y en estricto cumplimiento de la Ley 64-00”, expresó el ministro Paíno Henríquez.
Gracias a la incorporación de herramientas tecnológicas, los procesos son más organizados, trazables y accesibles, lo cual facilita el seguimiento de las solicitudes, elimina trámites innecesarios y favorece brindar respuestas más oportunas a la ciudadanía y a los sectores productivos.
Esta transformación ha permitido evaluar y atender un mayor número de solicitudes, no por una flexibilización de los controles, sino por un sistema más eficiente y estructurado.
La institución explicó que la agilización de la permisología ambiental procesada en el 2025 incluye más de 6,500 licencias (categoría A), permisos (categoría B), constancias (categoría C) y Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM) (categoría D). Este último renglón equivale a más del 60% de los permisos procesados por Medio Ambiente y el éxito de gestionarlos se debe a la implementación de una herramienta que se apoya en inteligencia artificial y robótica para procesar los CRIM.
Como parte de esta transformación, han sido digitalizados 24 servicios ambientales que actualmente se realizan en línea. Este avance ha generado más de 24,000 interacciones digitales, lo que reduce significativamente las visitas presenciales al Ministerio y los tiempos de espera para ciudadanos y empresas.
La automatización de procesos, la integración de inteligencia artificial y la aplicación de más de 40 mejoras continuas fortalecen la eficiencia, la transparencia, la seguridad jurídica y el cumplimiento de la normativa ambiental.
Asimismo, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2025 se inició la estandarización de 74 términos de referencia (TDR), lo que permitirá reducir los tiempos de evaluación de proyectos que requieren Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental (categorías A y B). Estos TDR modelos serán la base de una guía para iniciar el proceso de verificación de proyectos categoría A y B, que son los que requieren mayor rigurosidad en la evaluación del impacto ambiental.
Es importante indicar que antes de emitir la aprobación de los proyectos correspondientes a las categorías A, B y C, se lleva a cabo un proceso de revisión exhaustivo.
Los proyectos son evaluados por la Comisión Multidisciplinaria de Revisión (CMR) y el Comité de Evaluación Técnica (CTE) para las Categorías A y B, y el Comité de Evaluación Intermedia (CEI) para los Categoría C. Eso muestra que, a pesar de la eficientización de los procesos, todos los proyectos de las categorías A, B y C son sometidos a una revisión técnica rigurosa por los comités correspondientes, garantizando decisiones fundamentadas y la protección del medio ambiente.
La entidad reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la permisología ambiental mediante la innovación, la transparencia y la mejora continua, como parte de una gestión pública moderna al servicio del medio ambiente y de la sociedad dominicana.
