Durante el año pasado, nada sustancial se hizo para corregir algunos de los males más evidentes del caótico tránsito del país. Por el contrario, las dificultades continúan incrementándose, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y deteriorando gravemente la calidad de la movilidad.
Esto ocurre a pesar de contar con una ley moderna de tránsito y movilidad, la Ley 63-17, así como con instituciones dotadas de amplios poderes para hacerla cumplir, como el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett), organismos que dependen del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Interior y Policía, además de los ayuntamientos. Sin embargo, no se percibe una acción coherente, coordinada ni inteligente por parte de estos entes responsables.
En las calles del país circulan más de seis millones de vehículos. De ellos, aproximadamente 3.5 millones son motocicletas, de las cuales más del 90 % violan de manera sistemática la ley: transitan sin identificación, sin placas y sin documentos.
Apenas unos once mil conductores de motocicletas poseen licencia de conducir. A esto se suma que, aunque el artículo 161 de la Ley 63-17 obliga a la DGII a exigir seguros y la revisión técnica vehicular, alrededor del 50 % de los vehículos de cuatro o más ruedas circulan sin seguro, y el 100% carece de revisión técnica, simplemente porque el Estado no ha sido capaz de implementarla.
Mientras tanto, miles de dominicanos mueren cada año en accidentes de tránsito y más de treinta mil quedan con discapacidades permanentes. Pero esta tragedia nacional -sobre la que hemos escrito en múltiples ocasiones- se agrava aún más cuando observamos que cerca del 85 % de los delitos, atracos y violaciones son cometidos por personas que se desplazan en motocicletas sin ningún tipo de identificación. Esta realidad dificulta enormemente la labor de seguimiento y localización por parte de las autoridades, lo que permite que estos delincuentes actúen con una libertad e impunidad verdaderamente alarmantes.
Nuestros legisladores parecen ser muy diligentes a la hora de producir leyes, pero profundamente indiferentes respecto a su aplicación, pertinencia o impacto real. Da la impresión de que la rentabilidad está en aprobarlas, no en garantizar que sirvan a los fines para los cuales fueron creadas.
Esa forma de actuar, carente de sentido de responsabilidad y utilidad pública, debilita la institucionalidad y mina la confianza de la ciudadanía. Somos conscientes de que los países no pueden desarrollarse sin una democracia que haga respetar las leyes y fortalezca sus instituciones. Tampoco sin un grado suficiente de inclusión social que garantice a los ciudadanos acceso, protección y oportunidades reales dentro del marco legal.
Entonces cabe preguntarse: ¿de qué nos sirve tener el INTRANT y la DIGESETT si no vemos acciones efectivas que nos devuelvan la esperanza de que algo puede cambiar? Funcionarios vienen y van, y muchos parecen más interesados en los contratos que pueden adjudicar que en los resultados que deben ofrecer. Estamos huérfanos de proyectos inteligentes, convenientes y sostenibles.
Esperamos que los cambios que el presidente Luis Abinader está obligado a realizar en su estructura burocrática traigan personas con ideas nuevas, compromiso real y voluntad política para ejecutar las transformaciones tantas veces prometidas y tan escasas hasta ahora. La movilidad es un elemento vital para el desarrollo de cualquier sociedad.
Enfrentar el caos del tránsito no es una opción: es una urgencia nacional, porque no solo obstaculiza el desarrollo social y económico, sino que también nos está costando demasiadas vidas, innumerables heridos y enormes pérdidas económicas.
