Cada mañana, al salir el sol, Belkis de los Santos despertaba para empezar una rutina que la mantenía viva. Preparaba a sus tres hijos, organizaba la casa y se aseguraba de que su padre, de 75 años, estuviera bien. Su vida reflejaba la realidad de miles de dominicanas que cargan sobre sus hombros el rol de jefas del hogar. En República Dominicana, el 40% de los hogares está encabezado por mujeres, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
La vida de Chantal Jiménez, de 25 años, representaba a otra mujer dominicana que avanzaba sin detenerse. Trabajaba como locutora, actriz y panelista en espacios radiales y televisivos, mientras impulsaba su propio emprendimiento. En sus redes sociales permanecen mensajes que compartía sobre su vida diaria y reflexiones acerca de la importancia de valorar el presente. Su trayectoria habla de una generación que busca crecer diversificando su trabajo y creando oportunidades en un sector competitivo.
Dos mujeres distintas, unidas por un mismo país y por el esfuerzo diario de salir adelante. Aunque sus realidades parecen lejanas, ambas comparten otra realidad: un sistema que les falló. Las dos no solo forman parte de las más de 842,288 denuncias registradas en la última década por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. También son parte de los 836 feminicidios en República Dominicana en ese lapso. Fueron parte de ese grupo de mujeres que buscaron ayuda frente al maltrato de un agresor que segó sus vidas.
Denuncias registradas en la última década por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales
Si se mira más atrás, las cifras son más alarmantes. De acuerdo con las estadísticas disponibles en el portal de transparencia de la Procuraduría General de República Dominicana (PGR), en un período de 20 años, desde 2005 hasta marzo de 2025, se registraron en el país 3,483 homicidios de mujeres, la mayoría causadas por sus parejas o exparejas (feminicidios). De ese total, 1,802 correspondieron a feminicidios, mientras que 1,681 fueron clasificados como homicidios de mujeres.
Según los datos preliminares, solo hasta mediados de noviembre de 2025 se registraron 49 feminicidios el año pasado, mientras que en el mismo período de 2024 la cifra ascendía a 71, lo que muestra una tendencia a la baja. Aun así, en República Dominicana, los registros internacionales y los informes de organismos de las Naciones Unidas coinciden en señalar la persistencia de la violencia letal contra las mujeres.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2024 se contabilizaron 89 víctimas de feminicidio, lo que representó una tasa de 1.5 casos por cada 100,000 mujeres, mientras que en 2023 se registraron 65 mujeres asesinadas por su pareja o expareja, con una tasa de 1.2 por cada 100,000 mujeres. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destaca que en 2024 el país alcanzó 89 víctimas de feminicidio, una tasa superior a la del año anterior, cuando se reportaron 69 muertes de mujeres a manos de su pareja o expareja.
Las cifras de instituciones locales lucen similares. Solo en el primer trimestre de 2024, la población femenina estimada en la República Dominicana era de 5,411,358 personas. En ese período se contabilizaron 29 homicidios de mujeres y feminicidios, lo que equivale a una tasa de 2.14 por cada 100,000 habitantes. Para el 2025, la población femenina ascendía a 5,454,508 personas. En el mismo período se registraron 25 homicidios de mujeres y feminicidios, con una tasa de 3.01 por cada 100,000 habitantes.
El feminicidio no empieza en el asesinato
Para una sociedad donde este tipo de noticias se torna cotidiano, las denuncias y atenciones médicas pueden pasar desapercibidas. Pero detrás de esos números, hay toda una estela de cifras; algunas reflejan cómo este flagelo impacta a todos por igual, desde el Gobierno, hasta los más pequeños. Algunas, incluso, podrían ofrecer alertas más allá de las acusaciones. Aun así, la cantidad sigue aumentando un año tras otro.
Durante el primer semestre de 2025, comprendido entre enero y junio, las unidades especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, según consta en registros obtenidos del portal de transparencia de la PGR, registraron un total de 37,094 denuncias por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. De ese total, 33,240 correspondieron a violencia de género e intrafamiliar, mientras que 3,854 fueron denuncias por delitos sexuales.
En ese mismo período se emitieron 21,558 órdenes de protección.
Para la viceministra de Prevención de Violencia del Ministerio de la Mujer, Juana José Cáceres, uno de los principales desafíos del sistema de protección es lograr que la respuesta sea verdaderamente integral, oportuna y coordinada, de modo que las denuncias y atenciones previas no se queden únicamente en registros administrativos, sino que se traduzcan en medidas reales de protección para las mujeres en situación de riesgo.
La abogada Rossy M. Escotto Minaya coincide. Entiende que uno de los principales problemas del sistema de protección legal en República Dominicana es la falta de seguimiento y de respuestas oportunas por parte de las autoridades, aun cuando existen denuncias formales y órdenes de protección emitidas.
Muchas denuncias y órdenes de protección se emiten, pero luego no se garantiza un acompañamiento efectivo que resguarde de manera real a la víctima
Como si estas cifras no fueran suficientes para un Estado que debería proteger, el Servicio Nacional de Salud (SNS) compartió con este medio, a través del Sistema de Acceso a la Información Pública de la República Dominicana (Saip) que los hospitales de la Red Pública atendieron a 2,508 mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar entre los meses de enero y noviembre. “Se asume que muchas amenazas son solo palabras o gestos que no se materializarán en violencia, cuando en la mayoría de los casos son indicios claros y graves de un peligro inminente”, agrega Escotto Minaya. Los datos muestran la realidad de las acciones de los agresores.
Cantidad de mujeres que los hospitales de la Red Pública atendieron víctimas de violencia de género e intrafamiliar entre los meses de enero y noviembre de 2025
Desde el SNS precisan que las cifras corresponden exclusivamente a atenciones brindadas en establecimientos de salud a mujeres afectadas por este tipo de violencia. Desde SNS aclaran a elDinero que no se incluyen en estos registros los casos de mujeres que posteriormente fallecieron o fallecen a causa de feminicidios, y que la institución no maneja datos nominales, ya que ese tipo de información es gestionada, por lo general, por el Ministerio Público.
Aun así, según el desglose mensual proporcionado por la institución, si bien en enero no se registraron atenciones, en febrero se contabilizaron 258 usuarias atendidas. En marzo, cuando se celebra Día Internacional de la Mujer, se alcanzó la cantidad más elevada del año con 296 casos. En abril se registraron 268; en mayo, 245; en junio, 250; en julio, 224; en agosto, 271; en septiembre, 271; en octubre, 245; y apenas en noviembre, cuando se promueve el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue el único mes que las atenciones se redujeron a menos de 200, con un total de 180.
Los números ofrecen más detalles que podrían verse como “estratégicos”, para movilizar acciones más puntuales. En cuanto a la distribución territorial, los datos del SNS indican que el Servicio Regional de Salud (SRS) Cibao Sur concentró la mayor cantidad de atenciones, con 1,003 casos, equivalentes al 39.97% del total registrado a nivel nacional. Le siguió el SRS Ozama, con 494 atenciones (19.70%), el SRS Valdesia, con 373 casos (14.87%), y el SRS Cibao Nordeste, con 369 atenciones, que representan el 14.71% del total.
Otros servicios regionales reportaron menores volúmenes de atención. El SRS Este/Higuamo registró 124 casos (4.94%), el SRS Cibao Norte, 78 atenciones (3.1 %), el SRS Enriquillo, 44 casos (1.75%), y el SRS El Valle, 23 atenciones, equivalentes al 0.92%. Aunque no por ellos menos relevantes. El SRS Cibao Noroeste no reportó casos atendidos durante el período evaluado.
Todas estas estadísticas sugieren una realidad que la abogada Escotto Minaya traduce en palabras. Se trata de la subestimación. Ella explica que esto se reproduce con frecuencia en familiares, amigos y personas de confianza, quienes minimizan las señales de alerta, evitan intervenir o no activan medidas preventivas por razones que, en muchos casos, carecen de sustento racional.
Según los registros hasta noviembre de 2025 del primer boletín “Radiografía de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual”, el perfil ocupacional de las víctimas evidencia que la violencia feminicida se produce, en su mayoría, en contextos marcadamente domésticos y relacionales. Más de la mitad de las mujeres asesinadas eran amas de casa, con un 53.06% de los casos, lo que refuerza la vinculación del feminicidio con dinámicas de convivencia y dependencia dentro del hogar. En segundo lugar, se ubican las empleadas del sector privado, que representaron el 12.24%, un dato que apunta a escenarios de vulnerabilidad económica y social.
También se identificaron víctimas que eran estudiantes y profesionales, entre ellas profesoras y estilistas, lo que confirma que este tipo de violencia atraviesa distintos niveles educativos y ocupacionales. Del lado de los agresores, el 51.02% eran empleados privados o trabajadores independientes, lo que sugiere que los feminicidios no responden a un único perfil laboral, mientras que un 20.4% pertenecía a cuerpos militares o policiales, un elemento que introduce un componente adicional de preocupación institucional por el acceso a armas y el uso de la fuerza.
Escotto Minaya sostiene que, aunque el marco legal exista y se emitan órdenes de protección, la protección efectiva falla cuando no se reconoce la gravedad de la amenaza ni se garantiza un seguimiento constante, especialmente después de la denuncia, que es cuando la mujer se encuentra en mayor situación de riesgo. Esta desconexión ayuda a explicar por qué, pese a las alertas formales, continúan produciéndose feminicidios.
El feminicidio no termina con la muerte
Detrás de cada feminicidio quedan cifras igualmente dolorosas, vinculadas a niños, niñas y adolescentes (NNA). De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Territorial y Supervisión del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en República Dominicana se brindó atención directa a 27 NNA en condición de orfandad por feminicidio durante el período 2020-2025. Estos datos fueron suministrados a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), en respuesta a una Solicitud de Información realizada por elDinero, tramitada mediante el Sistema de Acceso a la Información Pública (Saip).
Sin embargo, más allá de los registros oficiales, organizaciones de la sociedad civil advierten que la magnitud del problema podría ser mayor. Según datos ofrecidos por la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, al menos 93 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos solo en 2025 como consecuencia de 59 feminicidios íntimos cometidos por parejas o exparejas, una realidad que, advirtió, evidencia una deuda urgente del Estado dominicano en materia de protección integral.
Niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos solo en 2025
Ante este panorama, desde el Conani explican a elDinero que la principal razón por la que muchos niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio no ingresan al sistema de protección institucional es que, en la mayoría de los casos, sus cuidados son asumidos por las familias extendidas, como abuelos, tíos, tías o hermanos mayores. “La institucionalización es la última opción entre las medidas de protección, debido a que limita el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia”, señalan en un comunicado remitido a este medio.
Según el desglose por año contenido en la documentación oficial, seis NNA fueron atendidos entre 2020 y 2022, cinco en 2023, nueve en 2024 y ocho en 2025, para un total acumulado de 27 casos. La institución precisa que estas cifras corresponden a registros consolidados de atención directa. Asimismo, la entidad precisa que, conforme al principio del interés superior del niño, la decisión de ingreso o no al Sistema Nacional de Protección no recae directamente en Conani, sino que es determinada por los tribunales especializados y/o el Ministerio Público, quienes evalúan si las familias extendidas cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el cuidado integral.
Desde Conani explican que la atención y el seguimiento posintervención se ejecutan bajo el Protocolo de Atención Interinstitucional, el cual se estructura en tres ejes de acción orientados a la restitución integral de derechos. El eje psicoafectivo contempla la provisión de atención psicológica especializada y continua; el eje socioeconómico incluye la articulación y gestión de recursos y subsidios estatales disponibles, como la Tarjeta Supérate y el Bono Escolar, para los núcleos de cuidado, mientras que el eje educativo se enfoca en el monitoreo de la matrícula y la continuidad del proceso de aprendizaje. En esos procesos, Conani participa a requerimiento de las autoridades judiciales mediante evaluaciones psicológicas y trabajos sociales, que sirven de insumo para la toma de decisiones sobre cada caso.
En cuanto al acompañamiento posterior, desde el organismo explican que este varía según la situación particular de cada niño, niña o adolescente. Cuando ingresan al Sistema Nacional de Protección, se realiza un abordaje integral que se extiende hasta su reintegración a la familia de origen, su colocación en una familia adoptiva o hasta que alcanzan la mayoría de edad.
Por año, de acuerdo con esos registros, en 2025 se reportan casos en Santo Domingo Este, correspondientes a dos niños de entre 2 y 4 años, ambos de sexo masculino y bajo cuidado en hogares de paso; en Peravia, una adolescente de 17 años, de sexo femenino, atendida bajo un esquema de hogar temporal y cuidado paterno; y en Independencia (municipio de Duvergé), dos niñas de 6 años, bajo el cuidado de su abuela materna.
En La Vega, para ese mismo año, se registraron tres NNA de 3, 5 y 6 años, dos de sexo femenino y uno masculino, bajo el cuidado de su abuelo y tío.
Para 2024, las matrices detallan en La Vega la atención a un niño de 11 años y una niña de 10 años, ambos bajo cuidado de la abuela materna. En Monte Plata, se consignan cuatro NNA de 16, 12, 10 y 7 años, tres de sexo femenino y uno masculino, igualmente bajo custodia de la abuela materna.
En San Cristóbal, se registraron tres casos, correspondientes a una adolescente de 16 años, un adolescente de 13 años y un niño de 8 meses de edad, todos bajo el cuidado de la abuela materna.
En 2023, los registros oficiales indican atención en la provincia María Trinidad Sánchez a dos adolescentes de 17 y 12 años, ambas de sexo femenino, así como a tres niños de 8, 6 y 2 años, dos de sexo femenino y uno masculino. En todos los casos consignados para ese año, el cuidado estuvo a cargo de la abuela matern
A partir de las edades consignadas en los registros correspondientes al período 2023-2025, la información suministrada por Conani permite establecer que la edad promedio de los NNA atendidos ronda los 9 años, considerando las edades declaradas en años y un caso registrado en meses, conforme a los datos oficiales remitidos por la institución.
Por su lado, el Ministerio de la Mujer coordina un total de 18 casas de acogida o refugios en el país, establecidas por la Ley 88-03. Entre estas, destaca, según un reporte enviado a elDinero, una casa especializada para víctimas de trata, un centro nacional que alberga hasta 200 mujeres y sus dependientes, y un refugio especializado para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, gestionado por Conani.
“El seguimiento cuando ya están fuera del sistema se prevé por un período de hasta cinco años en la fase posadoptiva, y en los casos de reinserción familiar no menos de un año, salvo que una sentencia judicial establezca una temporalidad distinta”, agregan en el comunicado remitido a este medio desde Conani.
La violencia tiene un costo fiscal medible
No tiene precio medir una vida perdida ni el impacto íntimo que deja la violencia de género en una familia. Sin embargo, el Estado se ve obligado a cuantificar este flagelo para poder enfrentarlo, asignando recursos públicos a la prevención, la atención y la persecución penal. En esa dimensión estrictamente institucional, las cifras oficiales permiten dimensionar la magnitud del fenómeno y su peso sostenido en el tiempo.
De acuerdo con los datos extraídos de la ejecución presupuestaria del Ministerio de la Mujer, a través de su portal de transparencia, en el período enero-septiembre de 2025, el gasto vinculado a la equidad de género ascendió a RD$7,360.77 millones, lo que representa el 57.80% del presupuesto vigente focalizado a este indicador transversal. De ese monto, RD$6,341.76 millones correspondieron a programas sustantivos. Según la clasificación por tema nacional, el 56.94% del gasto ejecutado se destinó a actividades transversales, el 21.24 % a autonomía económica, el 21.11% a salud integral de las mujeres y apenas un 0.71% a actividades orientadas a combatir la violencia de género contra las mujeres.
El reporte es aún más específico, detallando el desempeño financiero por programa en ese año. Para estos, el Ministerio de la Mujer contó con un presupuesto vigente de RD$449,570,910.35, de los cuales RD$299,842,285.24 fueron ejecutados hasta septiembre, lo que equivale a un nivel de ejecución del 67%. En ese mismo periodo, el servicio de la Línea 24 Horas Mujer *212 registró una ejecución financiera de RD$705,192.00, para un total de 1,626 personas atendidas en situaciones de emergencia.
Para el año 2024, la ejecución presupuestaria refleja que se registraron 17,707 actos conclusivos de investigación penal relacionados con violencia de género contra las mujeres, en el ámbito de las acciones competentes al Ministerio Público. En ese período, 25,857 mujeres recibieron asistencia integral por violencia de género e intrafamiliar, mientras que 6,219 personas en situaciones de emergencia fueron atendidas a través de la Línea 24 Horas Mujer *212.
Ese año, solo el Ministerio de la Mujer reportó la atención integral de 38,674 víctimas de violencia de género e intrafamiliar, cuyos expedientes fueron remitidos a las fiscalías correspondientes. En ese mismo período, se ejecutó el 75% de las órdenes de arresto emitidas por el Poder Judicial. Como parte de las acciones de prevención, se desarrollaron programas de charlas y capacitaciones sobre violencia intrafamiliar, que beneficiaron a 23,876 personas en todo el territorio nacional.
En términos de programación y ejecución presupuestaria para 2024, el programa de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar contempló una meta anual de 27,300 mujeres, con una programación financiera de RD$376,202,154.00.
La ejecución física alcanzó a 25,857 mujeres atendidas, equivalente al 95% de la meta, mientras que la ejecución financiera ascendió a RD$424,543,569.88, lo que representó un 113% del presupuesto programado.
Durante ese mismo año, el Ministerio de la Mujer ofreció un total de 95,409 atenciones a mujeres en situación de violencia a nivel nacional. De estas, 20,760 correspondieron a atenciones psicológicas y 65,887 a atenciones legales relacionadas con orientación y acompañamiento en procesos judiciales. Adicionalmente, 6,076 atenciones se realizaron a través de la Línea de Emergencia *212, incluyendo 550 rescates de víctimas en riesgo inminente, mientras que 2,486 atenciones fueron brindadas mediante las Casas Comunitarias de Justicia en distintas localidades del país.
En este sentido, la viceministra reconoce que se han producido avances a través de los esfuerzos del Ministerio de la Mujer y de otras instituciones que trabajan de manera articulada, pero admite que aún persisten brechas importantes en la coordinación interinstitucional, especialmente entre los servicios de atención, el sistema de justicia y algunos cuerpos de seguridad, lo que puede generar retrasos en la protección efectiva.
El Estado actúa… pero tarde y fragmentado
De acuerdo con el estudio Radiografía de los Indicadores en Hombres con Conductas Violentas en República Dominicana, desde su creación en 2008 el Centro de Intervención Conductual para Hombres ha validado procesos terapéuticos en más de 30,000 hombres remitidos, principalmente, por situaciones vinculadas a violencia de género e intrafamiliar. El programa de atención combina abordaje psicoterapéutico y sesiones de orientación psicoeducativa, desarrolladas en un período mínimo de seis meses y máximo de dos años, como parte de una estrategia orientada a modificar conductas violentas y prevenir su reincidencia.
Los resultados del estudio indican que la forma de violencia más frecuente es la psicológica y verbal, presente en el 54% de los casos analizados, incluyendo insultos, amenazas, chantajes, humillaciones y daños a la integridad moral de las denunciantes. Le sigue la violencia física, registrada en el 25% de los casos, mientras que la violencia sexual fue reportada en un 5%. La mayor concentración de los hombres denunciados se ubicó en el rango de edad de 26 a 40 años, equivalente al 58%, y el tipo de vínculo predominante fue la unión libre con un 49%, seguido por parejas separadas con un 19% y matrimonios con un 12%.
En cuanto a las víctimas denunciantes, el estudio refleja que su rango de edad fue menor al de los denunciados, con una mayor concentración entre los 26 y 35 años, representando el 43%. El nivel académico predominante entre los hombres fue el bachillerato con un 47%, seguido por educación superior y nivel profesional con un 26%. En materia religiosa, el 38% afirmó no pertenecer a ninguna confesión, mientras que un 24% se identificó como católico practicante y un 16% como evangélico practicante.
El análisis de las dinámicas familiares revela que el 66% de los denunciados tenía al menos un hijo en común con la denunciante y el 59% afirmó tener hijos con otras mujeres. Del lado de las denunciantes, el 50% indicó haber tenido hijos de relaciones previas. En el 30% de las relaciones hubo más de una separación antes de la denuncia y en el 31% de los casos las uniones se extendieron por diez años o más.
El estudio también identifica patrones de vulnerabilidad en la infancia de los hombres denunciados. Una parte significativa estuvo expuesta al trabajo infantil, con un 30% que comenzó a trabajar a los 15 años y un 17% antes de los 11. El 62% afirmó haber sido educado con castigos físicos, el 12% reportó haber sufrido abuso sexual en la niñez y el 32% presenció violencia contra sus madres. Además, el 90% reconoció haber sido infiel a sus parejas con más de una mujer, y en casi un tercio de los casos el primer episodio de violencia ocurrió durante el primer año de la relación.
En términos de impacto, el 23% de los hombres indicó que sus víctimas requirieron hospitalización como consecuencia de la violencia ejercida.
En el 36% de los casos los hijos presenciaron los episodios violentos y en el 21% intervinieron para proteger a sus madres. El estudio señala que en el 70% de los casos la violencia se extendió a terceros, incluyendo personas desconocidas y familiares de las víctimas. Aunque el 65% de los denunciados fue clasificado con riesgo bajo, un 28% representó riesgo moderado y un 7% fue considerado de alto riesgo para la integridad de las denunciantes.
La viceministra concluye agregando que uno de los retos clave es fortalecer la confianza de las mujeres en el sistema, garantizando respuestas empáticas, sin revictimización y con enfoque de derechos, para que la denuncia sea percibida como un paso seguro y no como una nueva fuente de vulnerabilidad.
