Al culminar el pasado año 2025, se había colocado sobre la agenda pública el tema de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), a raíz de informaciones que señalan que el Estado evaluaba relanzar este servicio con participación de inversión privada.
La noticia confirma algo importante: el país reconoce que la ITV es una pieza pendiente dentro de la política pública de seguridad vial y que su implementación ya no puede seguir postergándose.
El debate, sin embargo, no debería centrarse en si debe o no haber inversión privada; eso está fuera de discusión, sino en como estructurar el proyecto para que sea ejecutable, confiable y sostenible en el tiempo.
La ITV es un servicio público obligatorio con impacto directo en la seguridad vial, la salud y el medioambiente, por lo que su diseño institucional es tan relevante como la tecnología o la infraestructura que se utilice.
La iniciativa se propuso a través del portal de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), presentando esta APP como una necesaria para proyectos complejos y de gran escala.
No obstante, la experiencia muestra que muchos procesos bajo esta modalidad tienden a extenderse en el tiempo debido a la profundidad de sus fases de estructuración, aprobaciones y cierres financieros. No se trata de una crítica al modelo, sino de una realidad operativa: cuando el servicio es urgente y la obsolescencia tecnológica avanza rápido, el tiempo se convierte en una variable crítica.
Desde esa óptica, una alternativa complementaria, plenamente compatible con el marco legal vigente, es estructurar el Programa de Inspección Técnica Vehicular a través de un fideicomiso público.
Esta figura permite canalizar inversión privada, ordenar los flujos financieros y establecer reglas claras de gobernanza, sin necesidad de crear nuevas entidades ni trasladar al Estado la operación directa del servicio, como ya se ha demostrado en experiencias exitosas en el país.
En un esquema fiduciario, donde el fideicomitente sea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), los ingresos generados por la ITV se concentran en un patrimonio autónomo administrado, con el cual se procede a pagar los servicios de operación, mantenimiento y tecnología al o a los operadores privados, conforme a indicadores de desempeño y estándares de calidad previamente definidos.
El incentivo deja de ser la recaudación y pasa a ser la prestación eficiente y verificable del servicio.
Desde el punto de vista financiero, es un proyecto totalmente rentable, es decir, el Estado no tendría que estar inyectando recursos para su sostenibilidad, y es que, con un parque vehicular que supera la cifra de los 6.5 millones (crecimiento constante), incluso bajo supuestos conservadores de cumplimiento y con una tarifa razonable, el sistema puede generar flujos suficientes para cubrir operación, repagar la inversión privada, constituir reservas técnicas y mantener la infraestructura actualizada, sin presión directa sobre el Presupuesto General del Estado.
Pero es que más allá de los números, el valor del fideicomiso está en la confianza que genera, y por su propia experiencia en el país, los ciudadanos tendrían claridad sobre el destino de lo que están pagando; el inversionista conoce con precisión su esquema de repago y el Estado mantiene control estratégico sobre un servicio sensible, con trazabilidad, auditoría y rendición de cuentas.
Hoy el país tiene la oportunidad de elegir no solo el qué, sino el cómo. La Inspección Técnica Vehicular exige una solución que pueda ejecutarse, adaptarse y sostenerse sin fricciones innecesarias, y la figura del fideicomiso público ofrece una vía práctica para canalizar inversión, proteger el interés público y acelerar la puesta en marcha. Porque en servicios esenciales, estructurar bien no es una aspiración técnica, es la condición para que las cosas realmente funcionen.
