[dropcap]E[/dropcap]l vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, lidera la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, cuyo costo se pactó en US$2,040 millones y una capacidad de 720 megavatios. Está considerada la obra cumbre de la administración del presidente Danilo Medina.
El proyecto, como dice, ha sido bombardeado desde que nació por todos los intereses que convergen en él. La explosión del caso Odebrecht, sin duda, empeoró la imagen del proyecto. Tras los escándalos de soborno que incluyen a una docena de países, donde la empresa brasileña pagó alrededor de US$788 millones para lograr contratos, Jiménez Bichara se ha convertido en una figura clave.
A raíz de los escándalos y por las negociaciones a las que ha llegado en algunos países, Odebrecht tendrá que pagar más de US$2,600 millones en multas, sin incluir República Dominicana. La información preliminar establece que distribuyó US$92 millones en el país a través de su representante, Ángel Rondón.
La construcción de las plantas de Punta Catalina está bajo la responsabilidad del consorcio integrado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella. “Sabíamos que este proyecto no sería fácil por los intereses que convergen en él”, afirma Jiménez Bichara durante una visita que realizó a elDinero. Afirma que al principio quizá no se entendía por qué apoyarse en un conjunto de firmas internacionales, de prestigio mundial, con vasta experiencia en los temas a los que se han dedicado.
Explica que lo primero que se hizo fue buscar una firma estadounidense con 104 años de experiencia en el diseño de proyectos, como Stanley Consultants, para que también diseñe a Punta Catalina.
“Luego de agotado este proceso se preparan las bases técnicas y se llama a licitación, la cual se realiza de mayo a noviembre de 2013, o sea, cerca de siete meses, mientras que el contrato se firma en abril de 2014. Luego se somete a las cámaras legislativas en mayo de ese año y sale en julio. Esto quiere decir que recorrió todo este proceso legal y reglamentario mucho más dilatado”, sostiene Bichara.
Respecto al manejo de las ofertas, el vicepresidente de la CDEEE apunta que fue liderado por el diseñador de la planta. Dice que era la única forma de saber qué puntuación se merecían los oferentes para construir el proyecto. “Esa firma era la más autorizada para evaluar las ofertas que se reciben durante la licitación, o sea, Stanley Consultants”, sostiene, al tiempo que recuerda que las calificaciones fuero dadas a conocer en un rueda de prensa que ellos mismos convocaron.
“Hubo cuatro ofertas en la licitación y se evaluaron esas cuatro ofertas que se recibieron. Se hizo un expediente para cada oferta en el que se señalaban las falencias que podía tener cada oferta y las razones en las que fundamentaron la puntuación”, explica.
Jiménez Bichara destaca que en el caso de la empresa que quedó en segundo lugar, una firma coreada de renombre internacional, le solicitaron legalmente la documentación para conocer la puntuación y para saber en qué valor habían ofertado hacer el proyecto. Ahí se dieron que cuenta que estaban en lo correcto respecto el consorcio que ganó. El funcionario entregó documentos que señalan que el consorcio integrado por Posco Engineering & Construction, Andrade Gutiérrez y Ocecon quedaron en segundo lugar.
El funcionario resalta que la tercera empresa oferente envió una carta de felicitación, mientras que la cuarta firma, de origen chino y quisieron involucrarla, mandaron una carta desligándose de cualquier impugnación.
Para el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Punta Catalina, como proyecto energético, ha sido politizado. Sostiene que en este caso no hubo adjudicación local en esa obra. Señala que la única decisión del holding estatal fue aceptar lo que la firma especialista concluyó en su evaluación. “Y no sólo nosotros lo aceptamos; también lo hicieron los que participaron”, apunta.
Jiménez Bichara considera que la designación de la comisión por parte del Presidente es saludable para el proceso, ya que de este modo se podrá confirmar la transparencia del proceso y que se ha politizado, por lo que obviamente a todos debe interesar. Considera que mientras más se aclare es mucho mejor para el país.
“Este proyecto está bombardeado desde que nació. Esto no es de ahora. Sólo hay que tomar todos los periódicos. Desde 2013, cuando se anunció, al día de hoy este proyecto nunca ha salido de estar bajo fuego; siempre ha estado bajo fuego. Este ha sido vuelo con cinturones abrochados desde que nos montamos en el avión y hasta que siga. Sabemos que esto no iba a ser fácil. Por eso el proyecto, de entrada, asume todas esas previsiones de transparencia”, explica el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE.
Señala que cada peso que se ahí se paga viene autorizado por Stanley Consultants y la que monta legalmente y estructura el proyecto es las firmas que montaron el proceso fueron Manatt, Phelps & Phillips, Pereyra & Pereyra, Russin Vecchi y Heredia Bonetti; en la parte técnica Stanlley Consultants y Proyersa; y en el área económica BNP Paribas Securities Corpp, Deloitte RD y Fundación Economía y Desarrollo.
Respecto a si la CDEEE ha tenido algún contacto con Ángel Rondón, el representante de Odebrecht en el país y señalado como la persona que recibió los US$92 millones para distribuirlos en sobornos entre 2001 y 2014, el funcionario fue muy explícito al negar cualquier relación o comunicación con ese señor. “No teníamos la necesidad de hacerlo, ni cómo”, dice.
Jiménez Bichara dice estar consciente de los retos que se plantean con el proyecto, pero que está dispuesto a enfrentarlos. Recuerda que Odebrecht es parte de un consorcio, que comparte la obra con otras dos empresas, Ingeniería Estrella y Tecnimont. Sostiene que la población dominicana merece el beneficio de ver terminada a Punta Catalina.
Lo que sí debe entender el país, dice el funcionario, es que quizá haya intereses que quieran que la obra no se termine, pero entiende que la finalización de Punta Catalina es un beneficio que la población merece. Indica que “o se busca más generación o nos exponemos a detener un desarrollo y un crecimiento que no soporta tener un sistema con restricción de la demanda, como el que hemos tenido durante todos estos años”.
Dinero de Brasil
Respecto a la conveniencia o no de que no haya entrado el dinero de Brasil, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE destaca que cuando un tema se politiza la razón pasa a un segundo plano y, entonces, las pasiones y los intereses son los que dominan.
Reconoce que lo mejor, en este momento, es que no haya entrado un peso proveniente de Brasil, pues si eso hubiera sucedido él fuera el más cuestionado. Sin embargo, indica que la no llegada de los recursos provocó un retraso en el cronograma, pues de 2017 ahora es necesario esperar hasta agosto, septiembre u octubre de 2018 para inaugurar a Punta Catalina. Admite que el retraso de ocho o nueve meses afectó el cronograma de la obra.
“La idea es que este proyecto se termine porque es un compromiso y, además, es para resolver una necesidad de la población, de que Punta Catalina sea terminada y comience a generar energía en la proporción que lo está demandando el sistema. Ahora mismo no hay otra opción”, apunta.
Explica que la fecha se ha pagado US$1,266 millones, lo que indica que faltan fondos por US$771 millones, lo que equivale a US$2,037 millones. El total ejecutado es de US$1,566 millones cuando se le suman US$300 millones que tomó el consorcio con bancos locales.
Sostiene que nunca ha habido ninguna preocupación con relación al costo de las plantas de Punta Catalina. A su entender, el costo ha sido privilegiado para un proyecto de su calidad. Refiere que el caso más reciente es el de Guatemala (300 megavatios), donde se terminó la obra hace alrededor de 120 días, la cual fue adjudicada a US$2.5 millones el megavatio y terminó con un valor superior a los US$900 millones, específicamente a US$1,050 millones, lo que da un costo de US$3.5 millones. Indica que Punta Catalina fue otorgada a US$2.8 millones, cuyo diseño compite con plantas mucho más costosas.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE refiere que en 2016 debió iniciarse la instalación de 1,400 megavatios, lo que indica que aún hay 800 megavatios que “andan volando” que debieron haberse iniciado. Cuando Catalina termine la demanda habrá subido en 625 megavatios.
“Si no sacamos el tema eléctrico de la política y del morbo estaríamos, entonces, retrasándonos más. Debemos ponernos a trabajar con Punta Catalina y seguir con lo que nos falta porque si no lo hacemos vamos a sufrir todos la deficiencia de un sistema que no nos permitirá una estabilidad y un progreso a nivel industrial y de generación como lo estamos demandando para seguir creciendo”, sostiene.
Respecto a la negativa de dos miembros de la comisión de licitación de firmar el proceso, Jiménez Bichara dice que no se siente en ánimo de evaluarlos y que debería ser una decisión de ellos comunicarlo. Los reportes de prensa establecen que “irregularidades” en el proceso hizo que Ramón Antonio Flores e Isidoro Santana no firmaran “el documento que daba como único precalificado en la parte técnica a Odebrecht-Tecnimont”, en enero del 2014. Jiménez Bichara asegura que el comité de licitación no alteró en ningún caso el dictamen emanado de las firmas especializadas.
El funcionario, que dice no haber perdido sueño por este proceso, afirma que sólo teme a la maldad de la gente, pero no a la investigación. Dice que tampoco emitirá algún juicio (de valor) respecto a las personas que están involucradas; que se ha limitado a desarrollar un proceso.
Comisión
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, afirma que en República Dominicana siempre ha habido el dilema cuando se habla de lograr la conformación de una comisión cuya suma dé cero intereses.
“Pienso que son personas que pueden tener cualquier tipo de relación o vínculo, pero también existe el respeto y compromiso. Pienso que hay personas que saben sobreponer todo eso cuando se les asigna una tarea. Pienso que el Presidente, cuando hizo esa designación, les está pidiendo que les hagan un servicio al país y que vean un proceso donde fue adjudicada tan importante para el país”, sostiene.
A su modo de ver, el presidente Medina está buscando la mayor transparencia en un proyecto que es vital para el desarrollo de República Dominicana. Afirma que monseñor Agripino Núñez Collado, quien ha liderado “exageradamente difíciles”, en esta ocasión él sabrá cómo hacerlo.
Se le hizo la siguiente pregunta: ¿Qué ha aprendido Jiménez Bichara de este proceso? Respondió que como en todas las cosas, mientras haya vida, hay situaciones que son impredecibles y en el camino es necesario ir enfrentando los retos que se van presentando.
“Nadie se imaginaba que habría una situación como la que hoy tiene la empresa Odebrecht que afecta no sólo a nosotros, sino que ha afectado a todos los países donde, me imagino, tendrán un proceso similar a lo que se vive aquí ahora. Tenemos que hacer uso de nuestra mayor inteligencia. Enfocarnos en los mejores intereses y tomar las mejores decisiones. Hay cosas que no las escogemos nosotros, pero tenemos la responsabilidad de buscarle la mejor salida que tengamos. Hoy es esto y mañana podrá ser otra cosa. Estamos comprometidos con llevar a Punta Catalina al final”, afirma.
En términos medioambientales, dice, no hay forma de que un banco europeo desembolse dinero para un proyecto que contamine.