En las últimas semanas he estado reflexionando sobre cómo medimos realmente el desarrollo de un país. Con frecuencia, la conversación se concentra en el crecimiento del producto interno bruto (PIB), la inversión extranjera o la disciplina fiscal. Sin embargo, una parte decisiva del desempeño de las economías se define en una dimensión menos visible, pero estructural: la calidad de sus instituciones.
La historia del desarrollo lo confirma. Los países que lograron consolidar trayectorias sostenidas de crecimiento lo hicieron sobre la base de instituciones inclusivas y reglas del juego estables. En contraste, aquellos cuya historia institucional estuvo marcada por la concentración de poder y la baja inclusión enfrentan mayores dificultades para garantizar previsibilidad y autonomía en sus sistemas.
Los datos lo respaldan. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project ubica a Estados Unidos entre el 20 % superior de países con mayor solidez institucional, aunque con señales recientes de deterioro en algunos indicadores.
República Dominicana ocupa una posición intermedia a nivel global, con avances recientes, pero con brechas persistentes frente a economías con mayor densidad institucional. A nivel regional, la tendencia es menos alentadora: la mayoría de los países de América Latina ha retrocedido en la calidad del Estado de derecho en los últimos años.
Desde una perspectiva económica, estas diferencias tienen consecuencias concretas. La calidad institucional incide en el costo del capital, en la estabilidad de la inversión y en la eficiencia de la asignación de recursos. Cuando las reglas son predecibles y los árbitros creíbles, la incertidumbre disminuye y las decisiones económicas se orientan al largo plazo. Cuando esa arquitectura se debilita, aumentan las primas de riesgo, se acortan los horizontes de planificación y el crecimiento pierde sostenibilidad.
En este contexto, los debates recientes sobre la autonomía de instituciones clave en economías avanzadas y las tensiones en sectores estratégicos en América Latina -incluido el sector salud en la República Dominicana- reflejan una misma realidad: la independencia institucional no es un atributo permanente, sino un equilibrio que debe ser protegido. La discusión sobre desarrollo no es solo macroeconómica; es institucional y de trayectoria histórica.
La pregunta de fondo no es si los países diseñan buenas políticas, sino si cuentan con instituciones capaces de sostenerlas en el tiempo.
¿Estamos construyendo instituciones con autonomía real o simplemente adaptando estructuras heredadas?
¿Estamos midiendo el impacto económico de su fragilidad con la misma rigurosidad con la que medimos el déficit fiscal o la inflación?
En última instancia, el desarrollo empieza donde las instituciones resisten.
Sin instituciones sólidas, el desarrollo es reversible.
