Por: César Dmitri Roa Castillo
Durante años, el comercio ilícito en la República Dominicana ha sido asociado principalmente con sectores como el alcohol, el tabaco o los medicamentos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido un fenómeno menos visible, pero igualmente preocupante: la creciente presencia de mercancías ilícitas en el sector construcción, especialmente en materiales eléctricos, herramientas y equipos comercializados fuera de los canales formales.
En distintos puntos del país es posible encontrar establecimientos que ofertan productos eléctricos y electrónicos que imitan marcas reconocidas o que ingresan al mercado mediante prácticas irregulares como la subvaluación, la evasión fiscal o la importación sin cumplir las normas técnicas exigidas. Una parte importante de estas mercancías proviene de mercados asiáticos y llega al consumidor final a precios significativamente inferiores a los del comercio formal, generando una competencia desleal que afecta a empresas organizadas y distorsiona el funcionamiento del mercado.
Más preocupante aún es el impacto que estos productos pueden tener en la seguridad de las edificaciones; interruptores, breakers, cables eléctricos, extensiones, lámparas LED y otros componentes falsificados o de baja calidad pueden provocar fallas técnicas, cortocircuitos e incendios. En consecuencia, el comercio ilícito en este ámbito no solo representa un problema económico, sino también un riesgo real para la seguridad de las familias dominicanas y para la sostenibilidad del crecimiento urbano.
La construcción es uno de los motores fundamentales de la economía dominicana, generador de empleos y dinamizador de múltiples actividades productivas, precisamente por su importancia estratégica, requiere mercados confiables y productos que cumplan estándares mínimos de calidad y seguridad. Cuando materiales ilícitos penetran la cadena de suministro, se afecta no solo a comerciantes formales y fabricantes, sino también a ingenieros, desarrolladores y adquirientes de viviendas.
En los últimos cinco años, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes desarrolló una política firme de combate al comercio ilícito, bajo el liderazgo del ministro Víctor “Ito” Bisonó, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la vigilancia del mercado. Los avances alcanzados en esta materia tienen especial importancia para el sector construcción, donde la presencia de materiales ilícitos representa un desafío creciente.
Este esfuerzo sostenido permitió decomisar y destruir más de 160 millones de unidades de mercancías ilícitas, incluyendo alcohol adulterado, tabaco ilegal, medicamentos, cosméticos y combustibles, en una de las estrategias de control comercial más amplias implementadas en el país.
Desde la Dirección de Comercio Ilícito del MICM trabajamos en coordinación con la Dirección General de Aduanas, el Ministerio Público, ProConsumidor y los organismos de seguridad del Estado para detectar esquemas de comercialización irregular y fortalecer los mecanismos de control. La experiencia acumulada demuestra que el comercio ilícito evoluciona constantemente y que cada sector productivo presenta desafíos particulares.
Mi formación y mi experiencia previa como miembro del Ministerio Público me han permitido abordar este fenómeno desde una perspectiva integral, entendiendo que el comercio ilícito no es únicamente un problema administrativo o comercial, sino también una manifestación de estructuras organizadas que afectan la seguridad económica y la confianza en los mercados.
El combate al comercio ilícito requiere no solo acciones de fiscalización, sino también una mayor conciencia por parte de consumidores y sectores productivos. En el caso de la construcción, elegir materiales certificados y proveedores formales no solo protege la inversión, sino también la seguridad de quienes habitarán esas edificaciones.
La República Dominicana ha logrado avances importantes en esta materia, pero los desafíos continúan evolucionando. Fortalecer los mecanismos de control y promover mercados transparentes es una tarea permanente que contribuye directamente a la competitividad, la seguridad y el desarrollo sostenible del país.
