[dropcap]L[/dropcap]a Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) demandó rescindir los contratos vigentes con Odebrecht y descargar todo el peso de la ley contra los distribuidores y beneficiarios del soborno de US$92 millones para lograr asignación de obras públicas a la constructora brasileña.
De igual manera, exigió demandar judicialmente a la empresa por los daños y perjuicios a la imagen internacional de República Dominicana en procura de un justo resarcimiento y señaló que no proceder de esa manera equivaldría a dejar el caso en la superficie.
El presidente de la entidad, Antonio Taveras Guzmán, hizo el planteamiento al considerar que la magnitud del daño a la imagen del país y las violaciones legales implícitas demandan consecuencias drásticas y total transparencia de las autoridades frente a los ciudadanos.
“Para la presente administración encabezada por el presidente Danilo Medina, para el Ministerio Público y el Poder Judicial, este caso representa una gran oportunidad para demostrar que se está a favor de una cruzada seria y firme en contra de la corrupción”, sostuvo.
No basta con devolver dinero
Advirtió que no basta con la devolución de Odebrecht al Gobierno de US$184 millones, el duplo del soborno, como tampoco es suficiente la exclusión de la empresa brasileña del registro de proveedores del Estado, con el impedimento de participar en licitaciones de obras públicas, ni la captura de documentos y evidencias en el allanamiento recién realizado a las oficinas de la constructora.
“Para que el proceso sancionador tenga credibilidad es muy importante que sean ubicados y presentados los implicados en el soborno, tanto los distribuidores como los beneficiarios, y se les someta a juicio con los criterios de un Estado de derecho”, indicó el dirigente empresarial.
La AEIH hizo un llamado al liderazgo político, social y empresarial responsable y comprometido con el desarrollo y el bienestar del país a exigir que este y todos los casos de corrupción reciban las debidas sanciones. “Es necesario que los responsables, sin importar posición política o económica, paguen por su crimen”, advirtió el presidente de la AEIH.
La organización empresarial dijo que espera que el caso Odebrecht no corra la misma suerte de otros escándalos de corrupción que han quedado sin ser sancionados en el pasado reciente. Apuntó que la corrupción en cualquiera de sus formas, sea soborno, tráfico de influencia u otra, está tipificada como un gran delito penal en los marcos legales adjetivos y sustantivo del país.
“La ley 448-6 establece penas, multas y sanciones tanto a los que sobornan como a los sobornados. Por tratarse de una empresa de carácter internacional, el soborno realizado aquí se convierte en un delito transnacional cuyas repercusiones podrían afectar el clima de negocios y la imagen de República Dominicana frente a la inversión extranjera”, subrayó Taveras Guzmán.
Debilidad institucional
El presidente de la AEIH recordó que en distintas ocasiones la organización empresarial ha planteado que los problemas de República Dominicana tienen como eje transversal las debilidades institucionales.
“Este desorden institucional , que es histórico y sistémico, tiene su máxima expresión en la corrupción que se ha instalado como una nefasta cultura haciendo metástasis en todo el tejido social de nuestro país”, resaltó.
Lamentó que la justicia no se haya mostrado capaz de perseguir y sancionar la corrupción administrativa, mientras que la impunidad se impone sobre todo cuando hay funcionarios y políticos involucrados.
Taveras Guzmán expresó el temor de que la falta de sanción lleve al país a estado de caos y barbarie, poniendo en riesgo la cohesión social y el sistema democrático.
