[dropcap]D[/dropcap]esde un tiempo a esta parte, existe la percepción casi generalizada de la población de que todo el que está en el Gobierno es corrupto o está en vías de ello. Algunos llegan a la exageración manifestando que esto es un problema sistémico que se vincula a la propia naturaleza del Estado.
Estas opiniones se ven afianzadas cuando se descubren esquemas internacionales de soborno, con ramificación nacional, para lograr asignaciones de obras de infraestructura en donde hay envuelta una gran cantidad de dinero. Es decir, se descubren corruptos y corruptores, aunque la línea divisoria es cada vez más delgada.
Sin embargo, los que conocen el funcionamiento interno de los Estados, y la división de poderes establecida constitucionalmente, estarán de acuerdo con la hipótesis de que si todos los servidores públicos fueran corruptos, en ningún país se podría vivir, y el desorden fuera más que generalizado. Obviamente, mientras más evidencias de corrupción aparecen, y mientras el sistema de consecuencias se destaque por su ausencia, no habrá forma de defender la hipótesis planteada.
De ahí que la convocatoria a una marcha contra la corrupción y la impunidad no solo tenía sentido, sino que también se convierte en una advertencia al Gobierno de que lo demasiado hasta Dios lo ve. Noventa y dos millones de dólares para un soborno colectivo es una cifra demasiado alta para un pueblo pobre con tantas precariedades y carencias. Es como sacarle a un indigente de los bolsillos lo único que había recolectado para comer.
Ahora bien, sería bueno preguntarse si ese entusiasmo y fervor por marchar contra un problema latente en la sociedad, ¿no debería también utilizarse para marchar por el desarrollo del país, por la competitividad de nuestra nación, para que las familias rescaten su rol en la formación de los niños y jóvenes, los empresarios paguen sus impuestos, los medios de comunicación sean menos sensacionalistas y más objetivos, que los periodistas se vendan menos, y que la productividad se convierta en el elemento distintivo del funcionamiento de las instituciones públicas y empresas privadas?
También, ¿no deberíamos marchar para que la ambición de dinero no continúe corroyendo la mente de los jóvenes y adultos dominicanos, para que se respeten las señales de tránsito y se acaben los abusos de los empresarios del volante, y para que ustedes, queridos lectores, y yo columnista, hagamos lo que nos corresponde para no seguir dañando este hermoso y bello gran país?
