La creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social mediante la Ley 87-01 representó uno de los cambios institucionales más importantes en la protección social del país. Su objetivo era construir un sistema moderno capaz de proteger a los trabajadores frente a los riesgos de enfermedad, vejez, discapacidad y muerte. El seguro social existente había agotado su capacidad y sostenibilidad ante las nuevas necesidades sociales.
Sin embargo, más de dos décadas después de su implementación, el componente de pensiones, denominado seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia muestra debilidades estructurales que amenazan con convertirlo en uno de los mayores problemas sociales del futuro, como también del Seguros Familiar de Salud, como expresé en el artículo anterior.
El debate ya no es si el sistema funciona o no, sino si el diseño actual permitirá que los trabajadores dominicanos puedan vivir con dignidad al final de su vida laboral, con el ambiente inflacionario que impera, la gran informalidad y los bajos salarios. El sistema de pensiones dominicano fue diseñado bajo el supuesto de un mercado laboral formal, estable y con cotizaciones continuas durante décadas.
La realidad es muy diferente. En la economía dominicana, una gran parte de la fuerza laboral se mueve entre la formalidad y la informalidad. Esto significa que millones de trabajadores no acumularán el número de aportes necesarios para alcanzar una pensión adecuada, e incluso muchos no lograrán pensionarse. La consecuencia es evidente: un sistema que excluye silenciosamente a una parte importante de la población trabajadora.
Otro de los grandes cuestionamientos del modelo es el nivel de las pensiones que recibirán los trabajadores. El sistema funciona bajo un esquema de capitalización individual administrado por las administradoras de fondos de pensiones, donde cada trabajador acumula sus aportes a lo largo de su vida laboral, donde son más beneficiado los banqueros dueños de las AFP con los altos beneficios que los propios trabajadores.
Pero varios factores afectan el monto final de las pensiones:salarios relativamente bajos durante gran parte de la vida laboral, períodos sin cotización, densidad de aportes insuficientes y una tasa de contribución limitada y una burocracia defectuosa.
Todo esto apunta a que una parte importante de los trabajadores podría recibir pensiones muy por debajo de sus ingresos durante la vida activa, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad real del sistema para garantizar seguridad económica en la vejez.
Cobertura universal
La ley estableció tres regímenes: contributivo, subsidiado y contributivo-subsidiado. Sin embargo, este último, pensado para los trabajadores independientes o informales, nunca se ha desarrollado, reduciendo la capacidad y eficiencia del mercado global. Esto ha generado una brecha importante en la cobertura del sistema.
Mientras el régimen contributivo protege a los trabajadores formales, millones de dominicanos que trabajan en la informalidad quedan fuera de la acumulación de derechos provisionales, sin que nuestros funcionarios elegidos hayan puesto atención a esas debilidades. El resultado es una paradoja: un sistema diseñado para ser universal que en la práctica es profundamente limitado.
Las pensiones no son solo un tema financiero y actuarial. Son, sobre todo, un asunto social, moral y ético. En las próximas décadas, el país enfrentará una realidad inevitable, una población que envejece y una gran cantidad de trabajadores que no habrán acumulado suficientes recursos para sostenerse durante la vejez, donde el Estado tendrá que acudir en auxilio, con el presupuesto, por lo que es urgente que el Estado aborde estas debilidades estructurales del sistema, antes de que afecte a las familias y generen nuevas presiones fiscales y sociales.
La discusión sobre la reforma de la seguridad social no debe limitarse a ajustes administrativos o a disputas entre actores del sistema. El verdadero debate debe centrarse en una pregunta fundamental: ¿puede el actual modelo de pensiones garantizar protección real a los trabajadores dominicanos? Responder esta pregunta con honestidad es el primer paso para construir un sistema más justo, sostenible y verdaderamente inclusivo. Porque al final, el propósito de un sistema de pensiones no es acumular fondos y proveerles grandes beneficios a los manejadores, sino garantizar dignidad en la última etapa de la vida.
Cuando se aprobó la Ley 87-01, el país apostó por un modelo de pensiones basado en la capitalización individual. Bajo este esquema, cada trabajador acumula sus aportes en una cuenta personal administrada por las administradoras de fondos de pensiones, con la promesa de que al final de su vida laboral dispondrá de recursos suficientes para sostenerse durante la vejez.
Sin embargo, a más de dos décadas de su implementación, comienzan a surgir preguntas fundamentales: ¿qué nivel de pensiones recibirán realmente los trabajadores dominicanos? ¿Será suficiente para mantener una vida digna? Las proyecciones disponibles no son particularmente alentadoras.
La tasa de reemplazo
En los sistemas de pensiones existe un indicador fundamental conocido como tasa de reemplazo, que mide qué porcentaje del salario que recibía el trabajador en su vida activa será reemplazado por su pensión. En términos generales, los especialistas consideran que una tasa de reemplazo razonable debería situarse entre 60% y 70% del último salario para garantizar una transición digna hacia la jubilación.
Sin embargo, en el caso dominicano, diversos análisis sugieren que las pensiones futuras podrían situarse muy por debajo de esos niveles, en muchos casos entre 30% y 40% del salario promedio, dependiendo de la densidad de cotizaciones y del tiempo efectivo de aportes. Esto significa que un trabajador que durante su vida laboral percibía un ingreso de 40,000 pesos podría terminar recibiendo una pensión muy inferior a ese monto, lo que plantea preocupaciones sobre su capacidad de sostener su nivel de vida.
El modelo dominicano no surgió en el vacío. Fue inspirado en gran medida en experiencias de América Latina, particularmente en el sistema implementado en Chile en la década de 1980 y posteriormente adoptado, con variaciones, por países como Colombia.
En el caso de República Dominicana, el problema se agrava por características estructurales de nuestra economía, como ya planteado, por los altos niveles de la informalidad laboral, y los bajos salarios y la alta inflación. Todo esto limita la acumulación de fondos en las cuentas individuales y reduce el monto final de las pensiones. A esto se suma un elemento poco discutido: la expectativa de vida continúa aumentando, lo que significa que los fondos acumulados deben financiar cada vez más años de retiro.
Las pensiones no son un problema inmediato, son un problema que se ha venido construyendo lentamente desde el inicio. Pero precisamente por eso, cuando el problema finalmente aparece, suele ser demasiado tarde para corregirlo sin grandes costos sociales o fiscales.
República Dominicana aún tiene tiempo para evaluar con seriedad el futuro de su sistema previsional, aprender de las experiencias de otros países de la región y realizar los ajustes necesarios para garantizar que el objetivo original del sistema no se pierda en el camino. Porque al final, la verdadera prueba de cualquier sistema de pensiones no está en el tamaño de los fondos acumulados, sino en algo mucho más simple: si los trabajadores pueden vivir con dignidad después de toda una vida de trabajo, con sus fondos acumulados y sin solo engordar las cuentas de los que manejan el sistema. Debemos hacer, lo correcto bien hecho.
