La continuidad del Ministerio del Medio Ambiente en el Gobierno del nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, confirma una tendencia en los ejecutivos conservadores de Latinoamérica: las políticas ambientales mantienen una cartera propia con máximo rango en la mayoría de los países, con las únicas excepciones de Argentina, Bolivia y Ecuador.
La ingeniera Francisca Toledo es la nueva ministra chilena de Medio Ambiente, un departamento creado en 2010 bajo otro Gobierno conservador, el de Sebastián Piñera.
Las organizaciones ecologistas están a la expectativa ante un posible debilitamiento de los estándares medioambientales y han pedido la defensa de un legado que, entre otros logros, sitúa a Chile como uno de los países con mayor porcentaje de aguas protegidas, el 54%.
A la espera de la concreción de sus políticas, la apuesta por un ministerio de Medio Ambiente distingue al Gobierno de Kast del de su compañero ideológico Javier Milei, que degradó el Ministerio argentino de Ambiente al rango de subsecretaría e hizo drásticos recortes.
Se paralizaron programas y se impulsaron iniciativas que dan prioridad al extractivismo, como la reforma de la Ley de Glaciares, que busca permitir la minería.
Según datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en el presupuesto 2026 de la Administración caen hasta un 92.8% partidas clave para el medioambiente.
También en Bolivia el Gobierno de Rodrigo Paz apostó por una reducción del gasto público que impactó en las políticas medioambientales. El Ministerio de Medio Ambiente se fusionó con el de Planificación del Desarrollo.
Entre los retos que la administración boliviana afronta figuran la expansión de la minería aurífera, la contaminación de los ríos de la Amazonía y la lucha contra los incendios forestales, que en 2024 destruyeron 12.6 millones de hectáreas de bosques y pastizales.
Ha habido un acercamiento al sector agroindustrial que plantea interrogantes sobre sus consecuencias medioambientales y potenciales conflictos en áreas protegidas y territorios indígenas.
En Ecuador el Gobierno de Daniel Noboa fusionó el ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas, también dentro de una política de recortes.
Los movimientos indígenas y ecologistas han levantado la voz frente a la nueva ley minera impulsada por Noboa por rebajar las exigencias ambientales.
Pero, por otro lado, con los gobiernos derechistas de Guillermo Lasso y Noboa el país ha sido pionero en sendos canjes de deuda a través de operaciones financieras para destinar parte de los intereses a proteger las Islas Galápagos y una región de la Amazonía.
Asimismo, Ecuador es uno de los países a nivel regional que más ha trabajado en la reducción de gases de efecto invernadero y en la producción libre de deforestación.
Mantienen los ministerios
Con estas excepciones, los otros gobiernos conservadores latinoamericanos no han tenido inconveniente en seguir con sus ministerios de medioambiente, aunque ello no siempre signifique un fortalecimiento de esta esfera.
En Paraguay las políticas medioambientales tienen rango de ministerio desde 2018. Rolando Barros es el actual titular.
El presidente Santiago Peña promulgó en 2023 una ley que regula el mercado de créditos de carbono y facilitó la suscripción de un convenio con Singapur para atraer inversiones en el marco del Acuerdo de París.
Paraguay produce energía 100% limpia y renovable, en especial de fuentes hidroeléctricas, como las binacionales de Itaipú y Yacyretá, que comparte con Brasil y Argentina, respectivamente.
Peña también reivindica el potencial del país para la explotación de la industria forestal. Perú ha sufrido un debilitamiento de los controles ambientales en los últimos cinco años, especialmente desde la asunción al poder de Dina Boluarte, respaldada desde el Congreso por un grupo de partidos conservadores que han puesto y quitado a sus sucesores José Jerí y José María Balcázar.
Ejemplo de ello son distintas carreteras abiertas en la Amazonía y la proliferación de las dragas de la minería ilegal en el río Nanay. La Pampa, el gran enclave de devastación de la minería ilegal en la Amazonía, se ha reactivado después de los intentos por desalojar a los mineros ilegales.
La nueva primera ministra Denisse Miralles mantiene un Ministerio de Ambiente que ocupa Nelly Paredes.
En Honduras, tras una administración de izquierdas, el gobierno conservador que preside Nasry ‘Tito’ Asfura ha decidido continuar con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
Asfura designó como titular a Juan Carlos Sierra, quien, según indicó la Secretaría, “contribuirá al fortalecimiento de la sostenibilidad, la inversión público-privada responsable, la transparencia, la efectividad de los trámites y el desarrollo integral de los sectores ambientales”.
El Salvador tiene un ministerio de Medio Ambiente, a cargo de Fernando López, y sigue participando en la COP, pero se mantiene al margen de cualquier decisión influyente.
Los ambientalistas sostienen que el país ha experimentado un retroceso tras la aprobación en 2024 de la Ley General de Minería Metálica, a petición del presidente Nayib Bukele. Esta ley permite la explotación minera de empresas en su mayoría extranjeras, pese al rechazo de los conservacionistas.
Costa Rica cuenta con el Ministerio de Ambiente y Energía y el Gobierno de Rodrigo Chaves no ha hecho cambios profundos, aunque los sectores ambientalistas han criticado iniciativas como un proyecto de ley para restablecer la minería de oro y un intento, fallido, de abrir la discusión sobre exploración y explotación de petróleo y gas, prohibidas en el país.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, espera que a mediados de año su Gobierno tome una decisión sobre la mina Cobre Panamá, un proyecto de US$10,000 millones que fue suspendido cuando el Supremo declaró inconstitucional el contrato de concesión.
Este fallo siguió a las mayores protestas públicas en años, que mezclaron el movimiento antiminería con el descontento contra el Ejecutivo de Laurentino Cortizo (2019-2024).
Mulino y su ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, han sostenido que “todo se hará con una férrea supervisión ambiental”. Pero la sensación generalizada es que se reactivará la mina dado el fuerte impacto económico que ha supuesto su cierre.
