La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aseguraron este lunes que los países de la región necesitarían destinar un 4.7% de su PIB para alcanzar estándares internacionales en licencias, servicios de cuidado infantil y atención de larga duración antes de 2035.
Las organizaciones afirmaron este lunes en la presentación de los resultados de un simulador de inversiones en políticas de cuidado que la inversión proyectada no es un gasto, sino una apuesta con “triple impacto”: generación de empleo, mayor autonomía económica de las mujeres y retorno fiscal.
La Oficial Asociada de Asuntos Económicos de la División de Asuntos de Género de la Cepal, Carmen Álvarez, explicó que, según las proyecciones del simulador —que cubre 23 países de la región—, el 18% de cada unidad invertida se recuperaría en ingresos fiscales derivados del aumento del empleo y los salarios, mientras que cada unidad monetaria invertida en licencias y servicios de primera infancia generaría un retorno de 2.2 unidades.
En términos de empleo, la implementación conjunta de estas políticas podría crear alrededor de 31.3 millones de puestos de trabajo, de los cuales 10.6 millones corresponderían a servicios de cuidado infantil y 20.7 millones a cuidados de larga duración, con un 88% de esos empleos en condiciones de formalidad.
La tasa de ocupación de las mujeres aumentaría en promedio 10 puntos porcentuales, y la brecha salarial de género entre personas asalariadas se reduciría en 11.3 puntos en la próxima década.
La especialista en Igualdad de Género y No Discriminación de la Oficina Regional de la OIT, Paz Arancibia, alertó sobre las profundas desigualdades que persisten en la región en materia de licencias.
Además, señaló que la mayoría de los países aún financia las licencias de maternidad a cargo de los empleadores, lo que genera discriminación en la contratación, y que las licencias parentales —claves para redistribuir el trabajo de cuidados entre hombres y mujeres— siguen siendo una asignatura pendiente en casi toda la región.
Uruguay fue citado como el país más avanzado en este ámbito, con una licencia de paternidad de 17 días ampliada en 2024, la más extensa de América Latina.
Por otro lado, el informe subrayó que el envejecimiento acelerado de la población —con el segmento de mayores de 80 años creciendo más rápido que el de mayores de 65— configurará en los próximos años una demanda de cuidados de larga duración de proporciones que los sistemas actuales no están en condiciones de afrontar, con un gasto público en este componente que en la región no llega al 0.2% del PIB, frente al 1.3% de media en los países de la OCDE.
