La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, informó este martes que formuló cargos por blanqueo de capitales a las primeras 17 personas vinculadas a los sobornos pagados por Odebrecht en el país, en el marco de una investigación que involucra a la Justicia panameña y de Suiza.
“Se han girado providencias de indagatorias y formulación de cargos a 17 personas, de los cuales hay 3 exfuncionarios, 8 empresarios panameños, 5 empresarios extranjeros y 1 oficial de la banca privada” local, dijo Porcell en una rueda de prensa.
La fiscal general denegó revelar la identidad de las 17 personas porque “la ley lo impide”, pero dijo que de ser necesario se apoyará en la Interpol para ubicarlas y traerlas al país.
Porcell destacó que se ha podido formular los cargos a los primeros 17 implicados después de que Suiza levantara el lunes la confidencialidad que había en las asistencias judiciales mutuas por el caso.
El expediente por el pago de las coimas que investiga Suiza involucra a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), y la Justicia helvética congeló a ambos cuentas por 22 millones de dólares, confirmó el lunes el secretario general del Ministerio Público (MP-Fiscalía) Rolando Rodríguez.
En Lima, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que la empresa brasileña Odebrecht “se tiene que ir” de su país.
“Tienen que irse, se acabó”, declaró Kuczynski en la emisora RPP Noticias tras señalar que a pesar de estar a cargo de grandes obras, Odebrecht, “lamentablemente tiene esta tara (defecto) de la corrupción.”
El gobernante consideró que antes de vender su participación en los diferentes proyectos que ejecuta en el país, Odebrecht tiene “que llegar a un acuerdo con la Fiscalía”, que investiga las denuncias de corrupción.
Aseguró, además, que la empresa brasileña tiene muchos de sus grandes proyectos en Perú y, sin embargo, hasta el momento solo se le ha impuesto “una multita” de unos diez millones de dólares.
“Qué vergüenza”, enfatizó al comparar esa suma con los cientos de millones de dólares que la empresa ha aceptado pagar en Estados Unidos, a pesar de que ahí solo manejaba pocas obras.
“Aquí nosotros somos las víctimas de esto”, remarcó antes de señalar que, para intentar una compensación, ordenó que se ejecute el cobro de 262 millones de dólares establecido en el contrato firmado con el consorcio encargado de construir el Gasoducto Sur Peruano, que encabezó la brasileña Odebrecht, por incumplir con esa obra.
El consorcio a cargo del proyecto está formado por la brasileña Odebrecht, implicada en un gigantesco escándalo de corrupción internacional, la española Enagás y la peruana Graña y Montero.
“Con eso hemos salvaguardado nuestro intereses, porque, de otra manera, los 262 (millones) dios sabe dónde se iban a ir y nos íbamos a quedar sin nada. Con esto se podrá continuar la obra”, remarcó.
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, anunció el lunes que el Gobierno de Perú había resuelto terminar la concesión debido a que el consorcio encargado no cumplió con demostrar que tiene la financiación necesaria para terminar la obra.
En un breve comunicado, Odebrecht confirmó “la decisión del Gobierno peruano de realizar el finiquito del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano.”
“La empresa seguirá dirigiendo sus esfuerzos, junto con las autoridades respectivas, para que dicho proceso se realice de forma adecuada, respetando el contrato firmado y mitigando los impactos para la Macro Región Sur del país”, agregó la empresa.
