[dropcap]“[/dropcap]No hay vuelta atrás, Valle Nuevo tendrá que ser en el futuro un área hermosa recuperada, como símbolo del compromiso del ser humano con la protección del medio ambiente”, proclama Francisco Domínguez Brito, empeñado en hacer cumplir una resolución del Estado que busca proteger el depredado Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, considerado por los técnicos como el reservorio del agua que consume 7 de cada 10 dominicanos.
El envío de tropas militares el viernes 13 de este mes para reforzar la seguridad en la zona de Valle Nuevo aumentó los niveles de tensión frente a los grupos de presión de ocupantes de los terrenos que se dedican a la agricultura intensiva dentro del área vedada y ante dueños de títulos de propiedad que también tienen plantaciones de flores, manzano o papa.
En su discurso de toma de posesión para su segundo mandato, el pasado 16 de agosto, el presidente Danilo Medina se comprometió a enfocar sus esfuerzos en lo que denominó “el cuatrienio del agua”, que incluye el desarrollo de proyectos de gestión integral de las cuencas de los ríos y reforestación. “Tenemos que comenzar con tiempo a proteger las cuencas de los ríos, si queremos tener en el futuro agua para nuestro consumo y nuestro desarrollo”, prometió el gobernante.
La Resolución 14-2006, dictada el 29 de septiembre de 2016 por el Ministerio de Medio Ambiente que encabeza Domínguez Brito, otorgó un plazo de 120 días (que ya se cumplió), para “cosechar y/o retirar los cultivos en desarrollo y para desmantelar las infraestructuras y equipos con los cultivos agrícolas y pecuaria”.
Domínguez Brito asegura que, aunque el Gobierno se mantiene abierto al diálogo con los ocupantes, “nunca jamás” permitirá que siga la actividad agrícola dentro del parque Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo).
Revela que el pasado miércoles estuvo reunido con el presidente Medina, así como con los ministros de Agricultura y Administrativo de la Presidencia y el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), para buscar alternativas a 150 personas que están dentro del área protegida y aunque “no son propietarias llevan varios años allí”.
Insiste en que los campesinos pueden ser integrados a las labores para salvaguardar el parque. Calcula que unos 409 productores tienen entre 50 y 100 tareas en cultivo dentro del área protegida que, además incluye una reserva científica.
Esto evidencia un aumento sostenido de ocupantes desde 1994, cuando la gestión del entonces presidente Joaquín Balaguer desalojó Valle Nuevo con operativos militares que destruyeron villas y represas ilegales de agua en los nacimientos de los ríos, así como la erradicación de especies exóticas que incluían hasta gansos.
Los inventarios realizados entonces por las direcciones generales de Foresta y Parques del Estado determinaron la existencia de 90 familias, compuestas por 390 personas, dentro del parque, en comunidades como Montellano, El Castillo, La Siberia y Pinar Parejo. Además, que 11 productores ocupaban grandes extensiones, con amplias parcelas de manzano, melocotón y ciruela pera.
En 1998 en el parque había 288 productores que “desarrollaban agricultura intensiva en zonas de ladera y en pequeños valles intramontanos en una extensión de 22,273 tareas, con la siembra de rubros hortícolas con alto consumo de agua y preparación periódica de terrenos”, de acuerdo al plan estratégico de manejo de los recursos naturales del municipio Constanza, difundido por Medio Ambiente en septiembre de 2016.
El documento señala que las labores agrícolas impactan de manera negativa “en los nacientes y escorrentías de aguas” y propician la “degradación de los suelos con prácticas de producción no sostenibles”.
Para cuando el ministerio difundió el plan, la Academia de Ciencias de República Dominicana (ACRD) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) habían producido un estudio que reflejaba, con imágenes y argumentos técnicos, el deterioro ambiental de toda la zona.
Los expertos advirtieron sobre “el daño irreversible y la perturbación que se está causando al sistema hídrico local, regional y nacional”, en zonas de Constanza, Tireo, Los Bermúdez, Cruz de Cuaba, El Paragua, La Culata, Los Suriel, Josafá, Las Neblinas, Monte Llano, El Castillo, La Siberia, Valle Nuevo, El Naranjo y Pinalito donde se originan los nacimientos de los principales ríos de República Dominicana.
Presión de propietarios
Las empresas que adquirieron terrenos en Valle Nuevo o que heredaron títulos en esos predios reclaman al Gobierno que respete su derecho de propiedad, a través de la compra o permuta, como establece el artículo 51 de la Constitución, así como las leyes Ley 64-00 y 202-04, sobre Medio Ambiente y Áreas Protegidas.
De lo contrario, exigen que: “se nos diga de qué manera o bajo qué modalidad podemos hacer uso y provecho de nuestras tierras, pues solo se les ha dicho lo que no podemos hacer, nunca lo que podremos hacer”, sostiene José Delio Guzmán, dueño de Villa Pajón y los predios agrícolas de su entorno, uno de los herederos de títulos de propiedad de su abuelo (el ingeniero José Delio Guzmán) y activo reclamante.
Su abuelo, el ingeniero Guzmán, construyó varios tramos carreteros en la zona por encargo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1931) e incidió en los desmontes del bosque.
“Los extensos pinares de la montaña han librado duras batallas provocadas por la mano del hombre. Entre los años 1950 a 1965 José Delio Guzmán instaló un aserradero en su falda que devastó su riqueza boscosa”, dice el investigador Constancio Cassá sobre Constanza, en su libro “Valle Nuevo”, publicado por el Archivo General de la Nación en 2012.
Cassá explica que sólo en Valle Nuevo se instalaron 20 aserraderos de madera y una secadora, inaugurada el 24 de septiembre de 1956. “Dicha secadora y siete de los veinte aserraderos eran propiedad de la empresa Valle Nuevo CxA, que presidía José Delio Guzmán. Los otros trece se distribuían como sigue: cinco de la empresa Explotación Maderera de Constanza, presidida por Alfonso Mera y luego por su hijo Frank; cuatro de la familia Bermúdez, representada por José Armando (Popy) Bermúdez; tres de Chago Infante Pierna; y uno de Amado García”.
En su investigación, Cassá cita a Gloria Infante Rodríguez, hija de Chago Infante Pierna. La mujer explica que su padre, oriundo de La Vega, llegó al área como empleado de la empresa Valle Nuevo CxA, de José Delio. Además, entrevista a Sócrates García, quien afirma que Amado García Tavárez llegó a Constanza en 1932 como “agente de correos” y regresó en 1936 para desempeñar “funciones públicas paralelas: agente de correos y presidente y tesorero del Ayuntamiento”.
La forma histórica de adquisición de la propiedad en la zona y la realidad del presente que obliga a la conservación de un parque nacional, llevan al ecologista Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD y de la ACRD, a asegurar que la gestión de Medina, aunque “muestra consistencia con sus actuales medidas”, debe “judicializar el proceso de recuperación de Valle Nuevo.
“El Gobierno debe establecer las violaciones en que incurren sus ocupantes y, en función de su capacidad económica y de la magnitud del daño, cobrarles la enorme deuda económica con la sociedad dominicana”.
Carvajal Núñez sostiene además, que las autoridades deben hacer “una auditoría forense, catastral de los títulos, la cual demostrará sin duda el origen espurios de los títulos”. Entiende que los reclamantes de derecho de propiedad en la zona violan “todo el ordenamiento jurídico” dominicano, sobre todo las Ley 55-79, del 19 de julio de 1961, que crea el vedado de “Alto de la Bandera”, y la Ley 314-72, del 19 de abril de 1972, la cual define el latifundio.
“Esta ley señala de manera específica los límites, en función de la extensión de la propiedad o de tenencia y la clase de tierra por una sola persona física o jurídica, entre 1,500 tareas de primera clase, y 45,000 tareas de séptima clase. Exceptúa las explotaciones dedicadas a la producción azucarera”, dice el consultor Italo R. Russo B. en su compendio sobre legislación ambiental elaborado para Helvetas.
Rechazan medidas de Medio Ambiente o reclaman compensación
Comercial Ganadera: La familia Guzmán Abreu (José Frank, Luis César, Jaime, Rafael, Carlos, Orlando y Delio Guzmán Abreu) alega que tiene 119,917 tareas, en las parcelas 1 y 2 del Distrito Catastral 4 de San José de Ocoa. Según los abogados de reclamantes de derecho de propiedad dentro del parque nacional, fueron Indemnizados por el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004).
Familia Guzmán Silverio: Sus descendientes y los señores Janet Guzmán, Josefina y José Delio Ortiz Ostentan 130,000 tareas de las parcelas 1 del Distrito Catastral #2 del municipio Padre Las Casas; 1269-B del Distrito Catastral 2 de Constanza y 1267 del Distrito Catastral 2 de Constanza. Alegan, según sus abogados, que aún no han sido indemnizados o permutados por el Estado.
Granja Mora: Representada por Gregorio Mora. Los abogados que litigan en favor de los propietarios de títulos alegan que esta empresa tiene 24,000 tareas en la parcela 1269-A del Distrito Catastral #2 del municipio de Constanza. Explican que Granja Mora posee una plantación de árboles de manzano, que no explota a nivel comercial desde hace 10 años.
Explotación Maderera Constanza: Representada por Luis A. Mercado Aguayo. Sostiene que tiene derecho sobre 252,000 tareas, en “aproximadamente” 9 parcelas del parque que alega adquirió en el año 1956. De acuerdo a los abogados esta empresa no posee cultivos agrícolas propios, aunque 400 tareas están siendo sembradas de papa y otros rubros por ocupantes ilegales.
Sociedad Agrícola del Valle y Ganadera del Valle: La Familia Guzmán Silverio y sus descendientes y los señores Janet Guzmán, Delia Josefina y José Delio Ortiz, alegan que tienen 148,000 tareas en las parcelas 1267 y 1269-B del Distrito Catastral #2 de Constanza, y la parcela 1 del Distrito Catastral #3 de Padre Las Casas. Alega que tiene en producción 150 tareas.
Flores Purama: Representada por Tomás Villamán, sostiene, según los abogados, que tiene derecho de propiedad sobre 150 tareas dentro del parque nacional. La empresa alega que destina 40 tareas a la producción de fresas orgánicas, con una autorización emitida por el mismo Ministerio de Medio Ambiente en 2007, cuando esa dependencia estaba dirigida por Bautista Rojas Gómez.
Flores Antillanas: Representada por señor Miguel Crouch. Sostiene que tiene 517 tareas, de las que dedica 70 tareas a fresas orgánicas, autorizada por Medio Ambiente en 2006. Crouch alega que fue motivado a volver a cultivar en 2007 por el Ministerio de Medio Ambiente, debido a que esa dependencia buscaba firmar un convenio con una agencia de cooperación de Alemania.
Ocupantes: “Somos alrededor de 400 productores. Aquí no se está preservando nada del parque, ¿por qué no sacan a los ocupantes de Rancho Guaraguao?”, se queja Norberto Rosario (Mingo), del Bloque de Campesinos. Rosario cultiva 150 tareas. “Duramos cuatro años fuera del parque y el mismo PLD, el gobierno de Leonel Fernández volvió a entrarnos”, alega.
