El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido que la nueva ley israelí para ejecutar únicamente a ciudadanos palestinos por actos de terrorismo constituye un crimen de guerra.
“Es claramente incompatible con las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional, incluidas las relativas al derecho a la vida. Suscita graves preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, es profundamente discriminatorio y debe ser derogado de inmediato”, ha manifestado Turk.
La ley establece la ejecución en la horca como pena para los palestinos condenados en la Cisjordania ocupada por ataques que causen la muerte de ciudadanos israelíes y que se ejecuten en un plazo de 90 días contraviniendo todas las leyes internacionales, sin posibilidad de indulto y derecho a apelar.
Turk ha recordado lo “profundamente difícil” de conciliar este tipo de legislaciones con la dignidad humana y el “riesgo inaceptable” de que acaben siendo ejecutadas personas inocentes. Aplicarla sobre “los habitantes del territorio palestino ocupado constituiría un crimen de guerra”, ha subrayado.
Asimismo, el jefe de Derechos Humanos de la ONU ha advertido acerca de otras propuestas legislativas con las que el Parlamento israelí pretende de manera retroactiva imponer la pena de muerte a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023 mediante un tribunal militar especial.
Ha apelado así a los legisladores israelíes a que den marcha atrás y ha puesto de relieve que al centrarse exclusivamente en los delitos cometidos por palestinos, “se está institucionalizando una justicia discriminatoria y parcial”.
“Los juicios por delitos relacionados con el 7 de octubre son sumamente importantes, pero no deben basarse en la discriminación. Todas las víctimas tienen derecho a la misma protección de la ley, y todos los autores deben rendir cuentas sin discriminación”, ha defendido.
Con estas nuevas medidas, Israel afianza aún más sus políticas de segregación racial y de ‘apartheid’ contra los ciudadanos palestinos, que a menudo son condenados tras “juicios injustos”, ha denunciado Naciones Unidas.
El Alto Comisionado recuerda que, en virtud del derecho internacional, están prohibidos los juicios a civiles en tribunales militares, salvo en circunstancias estrictamente excepcionales en las que el Estado pueda demostrar que son necesarios y están justificados por razones graves y convincentes, y en las que las cortes civiles ordinarias no puedan llevar a cabo el proceso judicial.
