República Dominicana se encuentra en una encrucijada climática de la que ya no puede escapar con simples oraciones o paños tibios. No sé si pronunciar un ¡carajo! en grado superlativo o callar de impotencia.
Lo que antes llamábamos “temporada de lluvias” se ha transformado en eventos extremos que, en cuestión de horas, desarticulan la vida nacional y desnudan una realidad estructural dolorosa: nuestra vulnerabilidad no es solo geográfica, es logística y, por ende, económica.
Obvio que nos sentimos bien al ver a nuestras autoridades actuando ante los efectos de cualquier fenómeno natural, pero, al mismo tiempo, recordamos que siempre es lo mismo: anuncios de ayuda, apoyo, visitas, colchones, ajuares, alimentos crudos o cocidos y cuando sale el sol, ¡chao!
El impacto económico de los fenómenos naturales en el país ha pasado de ser una estadística lejana a un freno directo sobre el producto interno bruto (PIB). Precaver ha sido una debilidad histórica. Diversos estudios y organismos internacionales han advertido que el costo de la inacción frente al cambio climático puede representar pérdidas anuales significativas para la economía dominicana.
Cada vez que una tormenta inunda nuestras ciudades o destruye plantaciones en el Sur y el Cibao, no solo perdemos infraestructura; perdemos competitividad, encarecemos la canasta básica y hundimos los recursos públicos en un ciclo infinito de “reconstrucción sobre lo mal construido”.
Es un imperativo que el Gobierno y las autoridades municipales entiendan que la gestión de riesgos no es un gasto, sino la inversión más rentable que pueden hacer. Ser previsores implica ir más allá de la limpieza de imbornales cuando las nubes ya están grises. Se requiere un ordenamiento territorial estricto que detenga la expansión de asentamientos en las riberas de los ríos y cañadas. Sé que esto es hablar sobre lo que ya se ha dicho.
La vulnerabilidad de República Dominicana ante el impacto de estos fenómenos es una bomba de tiempo que exige un Estado proactivo, capaz de anticiparse a la catástrofe con obras de drenaje pluvial moderno y sistemas de alerta temprana que lleguen hasta el último rincón de la geografía nacional. Aquí es preciso alertar sobre la ineficiencia en la recogida de desechos y la falta de educación de los ciudadanos.
Está sobre entendido que existe una responsabilidad compartida que la población debe asumir con urgencia. Las familias que habitan en zonas de alto riesgo deben ser las primeras en adoptar medidas precautorias, entendiendo que la vida humana es el único activo que no se recupera.
No obstante, aquí surge la gran deuda social: ¿cómo le pedimos previsión a sectores vulnerables que apenas sobreviven con lo mínimo y que cuentan con un apoyo estatal limitado o inexistente? Es aquí donde el Gobierno debe focalizar su mirada, brindando alternativas habitacionales dignas y seguros sociales que protejan a los más desposeídos, quienes suelen pagar la factura más cara de cada aguacero.
