[dropcap]E[/dropcap]n el más reciente almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, Enrique Ramírez, director general de Aduanas, comentó que la aprobación del Proyecto de Ley de Reforma a la Ley de Aduanas es una de sus prioridades.
Para la comunidad empresarial, este compromiso reviste gran importancia, pues la ley vigente en la materia data del año 1953 y se encuentra completamente desfasada respecto a los importantes cambios suscitados en el comercio internacional durante las últimas décadas.
En primer término, el Proyecto de Ley de Aduanas establece una clara delimitación de las atribuciones de la Dirección General de Aduanas en la materia de importación y fiscalización de mercancías, lo que representaría una importante evolución respecto a la normativa vigente.
El marco jurídico que impera actualmente no es consistente con los conceptos de derecho administrativo y de regulación que imperan en el país, lo que crea confusión en la aplicación de dicha normativa.
Por otra parte, el proyecto de ley establece procedimientos administrativos en materia de aduanas claros, transparentes y que ofrecen mayor seguridad jurídica. En cambio, la ley actual establece un régimen de discrecionalidad administrativa excesivo, lo que coloca al país en una situación contraria a las mejores prácticas internacionales y a lo exigido por los tratados internacionales en la materia.
Asimismo, la propuesta regula la potestad de la administración en materia de sanciones (por ejemplo, el decomiso) que son aplicadas, al día de hoy, con criterios institucionales que no siempre son transparentes.
El proyecto de ley también contempla nuevos procesos respecto al decomiso de mercancía contrabandeada y otros procesos sancionadores, y claramente establece las obligaciones de las partes en la materia y los poderes de la administración pública.
Estas modificaciones son consistentes con el criterio de nuestro Tribunal Constitucional, el cual ha acogido un recurso que exigía a la Dirección General de Aduanas observar el debido proceso de ley al momento de realizar un decomiso, ya que en la actualidad, al momento de realizar un decomiso, la DGA actúa por vía administrativa y sin ninguna orden judicial.
Finalmente, la propuesta de ley también consagra la ya existente (mediante decreto presidencial) práctica de los “hubs” logísticos (operadores económicos autorizados).
Este es otro gran avance, ya que la ubicación estratégica-geográfica de nuestro país nos permite fungir como un centro de importación, manufactura y exportación en esta región, todo lo cual debe ser facilitado por una moderna ley de aduanas.
