En toda economía moderna, el crédito depende de un elemento esencial: la capacidad de recuperar el capital prestado en caso de incumplimiento.
Las garantías, a través de instrumentos como las hipotecas, garantías mobiliarias (antes prendas), cesiones en garantías y otras estructuras, no existen solo para proteger acreedores, sino para reducir riesgo y facilitar financiamientos. Cuando su ejecución funciona de manera lenta o incierta, el impacto no se limita al sistema judicial, sino que se traslada directamente al costo del dinero.
En República Dominicana, uno de los desafíos estructurales del financiamiento sigue siendo la duración y complejidad de los procesos de cobro y ejecución. Litigios extensos, incidentes procesales y demoras operativas pueden convertir una garantía teóricamente sólida en un mecanismo ineficiente.
Desde la perspectiva financiera, el riesgo de recuperación se traduce automáticamente en precio. Mientras más difícil resulte ejecutar una garantía, mayor será la tasa de interés exigida por el acreedor para compensar esa incertidumbre. En otras palabras, la lentitud judicial afecta al que incumple y al que cumple y paga un crédito más caro.
Este efecto es particularmente visible en financiamientos de largo plazo, como créditos hipotecarios o proyectos empresariales. Los bancos y entidades financieras incorporan el riesgo jurídico dentro de sus modelos de evaluación, ajustando provisiones, garantías requeridas y condiciones contractuales.
El problema no es simplemente la existencia de litigios, algo natural en cualquier sistema económico. La dificultad surge cuando el tiempo de resolución erosiona significativamente el valor del activo garantizado o reduce los incentivos para prestar.
La situación afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas. A diferencia de grandes corporaciones, muchas pymes dependen casi exclusivamente del financiamiento bancario tradicional y poseen menor capacidad de negociación frente al sistema financiero. Cuando el riesgo jurídico aumenta, el acceso al crédito para estos actores se vuelve más restrictivo.
Desde una perspectiva institucional, la ejecución eficiente de garantías no debe interpretarse como una ventaja para acreedores en detrimento de deudores. Un sistema balanceado protege derechos de ambas partes y genera previsibilidad para todos los participantes.
La competitividad económica dominicana dependerá cada vez más de factores institucionales y no solo macroeconómicos. La eficiencia judicial, en materia comercial y de garantías, influye directamente sobre el costo del capital y la percepción de riesgo país. Los mercados financieros observan tanto las tasas de crecimiento como la calidad del “enforcement” legal.
Esto obliga a repensar la justicia económica como parte de la infraestructura productiva del país. Carreteras, puertos y energía son fundamentales para el crecimiento, pero también lo es un sistema capaz de resolver disputas y ejecutar derechos con eficiencia. La lentitud judicial tiene un costo económico real, aunque no siempre aparezca reflejado en las estadísticas oficiales. En economías donde ejecutar tarda demasiado, financiar inevitablemente cuesta más.
